Una de cada 10 averiguaciones previas abiertas contra funcionarios que posiblemente cometieron un delito, han sido consignadas en los últimos años por la Procuraduría General de la República (PGR). Esto, pese a que la dependencia reconoció ayer que la corrupción no es un “fenómeno aislado” y representa un “obstáculo para el desarrollo del país”.

 

Casos como el del montaje en la detención de la francesa Florence Cassez o el de los funcionarios que utilizaron testimonios falsos de testigos protegidos para encarcelar a múltiples personajes, entre otros, siguen sin una resolución.

 

Ayer se anunció la creación de la denominada Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, que se hará cargo de todos los casos que siguen pendientes por delitos cometidos en contra de funcionarios, así como las nuevas denuncias que se presenten.

 

Pero la referida fiscalía no puede funcionar porque a diferencia de cualquier otra área de la PGR, es el Senado de la República quien tiene que nombrar al titular y mientras eso no ocurre no entrará en vigor el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

 

De acuerdo con datos oficiales de la PGR, de enero del 2011 a julio del 2013 se iniciaron  un total de 1002 averiguaciones previas por presuntos delitos cometidos por servidores públicos de las cuales fueron consignadas 108.

 

Esto significa que en promedio 1 de cada 10 investigaciones terminaron  ante las manos de un juez con la identificación de los probables responsables. El resto de las averiguaciones se encuentran archivadas, aún en proceso, o fueron cerradas tras determinarse que no había pruebas para proceder en contra de alguien.

 

Cuando sea nombrado un fiscal anticorrupción, los casos rezagados serán su responsabilidad pues desaparecerá la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

 

Será la nueva fiscalía  la que también  se encargará, si es que ya existe un titular, de la averiguación previa que se inicie por la denuncia que presentarán legisladores del PRD en contra de funcionarios de la administración federal pasada que habrían incurrido en irregularidades tras dar por muerto, sin pruebas, al narcotraficante Nazario Moreno alias “El Chayo”.

 

De forma similar, esta área sería la responsable de indagar los delitos que pudieron haber cometido servidores públicos de Pemex o de otras dependencias por el caso de fraude de Oceanografía, si es que hay sospecha de ello.

 

Mal endémico

 

En el acuerdo publicado ayer sobre la creación de la fiscalía, la PGR reconoció que la corrupción no es un problema aislado pues transgrede de múltiples formal al Estado. Por ello, subrayó que es imposible combatirlo solo deteniendo a los responsables sin atacar a toda la estructura anómala.

 

“No puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando estrategias que permitan disminuir esas conductas”, indica.

 

La corrupción, agrega el acuerdo, es un fenómeno que desincentiva la inversión en el sector privado pues genera desconfianza y en consecuencia afecta al presupuesto de las familias mexicanas.

 

“Distorsiona” la adecuada distribución del ingreso, disminuye la legitimidad de Estado y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos; por lo tanto, la corrupción es un obstáculo para el desarrollo del país” concluye el acuerdo.

 

¿Y el fiscal?

 

Ni el acuerdo publicado ayer, ni el decreto de la reforma político electoral donde se planteó la creación de la nueva Fiscalía, estableció un tiempo para que el Senado nombre al nuevo fiscal.

 

Lo que si definen es que no se trata de una ratificación sino de un nombramiento que es facultad exclusiva del Senado.  Se tratará del  único fiscal de PGR que no sea nombrado por el Presidente o el Procurador,  su permanencia en el cargo será hasta el 30 de noviembre del 2018.

 

El nombramiento del nuevo fiscal será por votación de las dos terceras partes del senado y el Ejecutivo podrá impugnarlo. Si es el caso la Cámara Alta podrá repetir el procedimiento de selección.

 

Quien sea designado fiscal, dependerá jerárquicamente del titular de la PGR, no de ningún otro subprocurador. El procurador podrá despedirlo pero si el Senado vota y objeta la determinación, existe la obligación de reinstalarlo en su puesto.

 

El fiscal además de coordinar los trabajos de investigación de los delitos, también tendrá otras facultades como el diseño de estrategias y programas de prevención el buscar acuerdos de colaboración con otros estados, entre otros.

 

CASOS SIN RESPUESTA

 

* La CNDH denunció en marzo del 2013 a 21 ex funcionarios, entre ellos al ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, por irregularidades en el “montaje” de la detención de Florence Cassez, Hasta ahora no hay ningún detenido.

 

* En abril del 2013 un juez federal pidió a PGR indagar a funcionarios por la fabricación de pruebas y mal uso de testigos que provocaron  el encarcelamiento de Noé Ramírez Mandujano. No se conocen avances del caso.

 

* En enero del 2013 la PGR confirmó que investigaba a una red de influencias de ex funcionarios federales por el otorgamiento de permisos de casino pero no se dio a conocer después alguna conclusión.

 

DATO

 

25

millones de pesos se le asignará de presupuesto a la nueva Fiscalía en cuanto comience a funcionar