HAZLETON, Pensilvania. El jefe de la policía de Hazleton, Frank DeAndrea, combate la delincuencia con iniciativas peculiares. A través de un almuerzo o de un servicio religioso.

 

Su presencia en eventos comunitarios le permite cultivar relaciones, sobre todo con la comunidad hispana, que en esta ciudad representa al menos el 37.3%, de acuerdo con el censo de 2010.

 

Y si se le agrega a toda la gente que no contó el censo, dice DeAndrea, se puede decir que casi la mitad de la población es hispana.

 

El sheriff acepta las invitaciones a desayunos, a misas y a reuniones para hablar sobre cómo hacer frente a la delincuencia, y visita a menudo el Centro Cívico Municipal.

 

Da el número de su teléfono celular y la dice a la gente que lo llame a cualquier hora.

 

“Aprovecho todo esto”, dijo DeAndrea. “Si la gente siente que me puede hablar, pensará que también puede hacerlo con mis sargentos, mis tenientes y mis patrulleros”.

 

Superan barreras del idioma

 

El detective Ken Zipovsky menciona una estadística del FBI cuando da clases a los cadetes en el Lackawanna College: la policía resuelve apenas el 3% de los casos por su propia cuenta. Para resolver el otro 97% depende de la información que suministra alguien de la comunidad.

 

La policía está tratando de superar barreras como las del idioma, el status inmigratorio y la desconfianza en las autoridades que mucha gente trae de su país, de modo tal que haya más personas dispuestas a ofrecer información.

 

Pero DeAndrea dice que hay un objetivo más grande y que es ayudar a que las comunidades anglo e hispana se sientan parte de una misma ciudad.

 

“Todos tienen que reconocer que la única forma de salir adelante es ser una sola comunidad”, afirmó el jefe policial.

 

DeAndrea habló del atentado de 1976 en que fallecieron el subjefe de la policía del condado de Luzerne Eugene Boyarski y su familia, y dijo que ese episodio ocurrió antes de que la ola inmigratoria más reciente trajese a muchos hispanos a la ciudad.

 

La matanza de mineros en 1897 durante una marcha de protesta en Lattimer, agregó, refleja las penurias que padecieron algunos ancestros de los actuales residentes cuando inmigraron a Hazleton.

 

Hoy, cuando una familia de inmigrantes es víctima de un delito, la policía le pide a los parientes que hagan de traductores.

 

“Uno va a las casas y ¿quién habla inglés? Los chicos”, relata De Andrea.

 

Cuando A.J. Goryl sufrió graves heridas tras recibir una paliza hace un año, DeAndrea dijo que la policía colocó carteles en inglés y español para tratar de conseguir pistas.

 

Un detective que habla bien español, Chris Orozco, dejó su puesto en una unidad del FBI que combate pandillas y volvió a la ciudad para trabajar a tiempo completo con la policía porque se necesitaba gente con español.

 

Tener agentes bilingües, su deseo

 

DeAndrea dijo que le gustaría que se cambiasen las reglas para evaluar a los candidatos a ingresar a la policía de modo tal que se dé preferencia a quienes hablan español.

 

Contar con una fuerza bilingüe es un proyecto a largo plazo ya que toma años aprender otro idioma, señaló DeAndrea. Mientras tanto, buscará la ayuda del público.

 

“Tal vez nunca tengamos 20 agentes que hablan español, pero tenemos la mitad de la comunidad que habla español”, manifestó.

 

La imagen que tiene la gente de la policía de sus países puede incidir en la impresión que se forman de la policía de Hazleton.

 

Hay países donde la policía cobra coimas, maltrata a la gente y comete otras irregularidades, según DeAndrea.

 

“La policía es lo último que quieres ver en tu casa en algunos países del Tercer Mundo”, sostuvo.

 

La sombra de la ley antimigrante

 

DeAndrea quiere combatir esos prejuicios y ganarse la confianza de gente que no olvida el proyecto de ley del 2006 para combatir a los inmigrantes que estaban en el país ilegalmente.

 

El asesinato de Dereck Kichline, en mayo del 2006, hizo que las autoridades municipales apoyasen la ley porque el sospechoso en el caso no tenía permiso para vivir en el país.

 

También hubo casos, no obstante, en los que las víctimas de crímenes eran inmigrantes ilegales, como Julio Angel Mojca Calderón, asesinado en el 2005.

 

La ley contemplaba castigos para los empresarios que contratasen extranjeros ilegales y las personas que les alquilasen viviendas.

 

Alguna gente se habría ido de Hazleton cuando se propuso la medida. Hispanos y anglos realizaron protestas paralelas frente a la Municipalidad cuando el concejo municipal se aprestaba a votar. Pero la iniciativa ya no genera controversias, en parte porque nunca entró en vigor debido a que jueces federales la declararon inconstitucional.

 

El caso quedó cerrado cuando la Corte Suprema desistió de analizar una apelación presentada por la municipalidad el 3 de marzo.

 

“Hay que cicatrizar las heridas y seguir adelante”, dijo DeAndrea.