LA PAZ. Legisladores de trece países agrupados en la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA) denunciarán al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en la represión de las protestas en ese país.

 

Si bien se asume que los problemas políticos “son de orden interno”, también “se asume que los derechos humanos son universales”, dijo hoy en declaraciones a Efe el presidente de la APDA, el diputado opositor boliviano Adrián Oliva.

 

Oliva coordina la demanda con los integrantes de esa alianza, con miras a presentarla dentro de tres semanas, con el aval de las firmas de un centenar de parlamentarios de la región.

 

La APDA, creada en Caracas en julio de 2011, es una plataforma que se plantea defender la democracia y los derechos humanos y hace hincapié en denunciar la situación de aquellos opositores que se consideran “presos políticos” en la región.

 

Oliva señaló que se denunciará a Maduro “por la comisión de crímenes de lesa humanidad y la violación de derechos humanos” por los sucesos en Venezuela, donde hasta el momento han muerto 29 personas en hechos relacionados con las protestas antigubernamentales que se registran desde el 12 de febrero.

 

“Lo hacemos para que las víctimas de la violencia y la represión y los hechos que se han sucedido no queden en la impunidad. Hay responsables que tienen que comparecer ante la Justicia y obviamente que no lo harán en Venezuela”, sostuvo Oliva.

 

Agregó que se decidió no apelar a instancias como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para presentar la denuncia por la controversia que ha tenido Venezuela con esta entidad y porque el gobierno de Maduro “ha demostrado a través del ‘lobby’ diplomático que puede ejercer una presión muy fuerte” en estos organismos.

 

Ayer Chacao, municipio con sectores de clase media y alta, es uno de los centros de la oposición en el este de Caracas y ha sido epicentro de las protestas iniciadas hace más de un mes por la inseguridad, la inflación y el desabastecimiento. La Plaza Altamira, foco de manifestaciones opositoras y símbolo antichavista, amaneció tomada por un dispositivo de cuerpos de seguridad del Estado tras varias semanas de protestas contra el gobierno.

 

El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres explicó al canal estatal VTV que el mecanismo se desplegó por todo el municipio “para desarrollar un patrullaje intensivo en todos los sectores y volver este municipio a la normalidad y la calma”.

 

Mientras, un militar murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un incidente violento en la ciudad centro costera de Maracay, anunciaron las autoridades.

 

Venezuela vive desde el 12 de febrero una oleada de protestas diarias contra las políticas de Maduro que, en algunos casos, han degenerado en hechos de violencia que han dejado muertos y heridos entre activistas de ambos bandos, algunos transeúntes y policías.

 

El gobernante venezolano culpa las movilizaciones a un supuesto plan de golpe de Estado en su contra y ha rechazado de plano la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) por vincularla con Estados Unidos, país al que responsabiliza de promover las protestas.