El expediente de la investigación del secuestro y posterior ejecución del reportero veracruzano Gregorio Goyo Jiménez presenta diversas irregularidades y carencias tan graves que podrían derivar en que el caso se “caiga” y los detenidos puedan quedar libres, concluyó la misión de Observación que revisó el caso.

 

La misión integrada por 16 periodistas y defensores de la libertad de expresión que revisó el expediente del secuestro y asesinato de Goyo Jiménez dio a conocer hoy los resultados de su trabajo de campo en que concluyeron que “Los indicios más sólidos apuntan a que Gregorio Jiménez fue asesinado por informar”.

 

En conferencia de prensa, la periodista Maria Idalia Gómez, representante en México de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sostuvo que las “graves” carencias del expediente ponen en evidencia el trabajo realizado por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.

 

Por ello, destacó, ante las fallas el caso no debe cerrarse. “La autoridad está obligada a agotar todas las líneas de investigación en caso de Gregorio”, señaló.

 

La misión emitió 17 recomendaciones a las autoridades estatales y federales entre las que destacan que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz vincule el crimen cometido contra Gregorio Jiménez con su labor periodística, subsanar las fallas, aclarar, precisar y abundar en las líneas de investigación, permitir a la misión el acceso a otros expedientes de periodistas asesinados en ese estado.

 

Gomez enfatizó el llamado a la autoridades a que reconozcan “que el homicidio de Gregorio Jiménez está fuertemente relacionado con su labor periodística.”

 

Jiménez trabajaba al sur de Veracruz, en una zona donde se incrementó desde julio la presencia del narcotráfico.

 

Entre las irregularidades que se detallaron en el caso se señaló que la autoridad no precisó en el expediente cómo descubrieron las fosas que permitieron dar con el cuerpo de Gregorio Jiménez.

 

Tampoco detallaron el procesos de como dieron con los acusados de homicidio así como no hubo verificación de las declaraciones de los acusados. La PGJ no realizó exámenes periciales a las personas interrogadas antes y después, para acreditar si las declaraciones no se hicieron bajo tortura.

 

“El Ministerio Público no indagó y mucho menos profundizó en el  trabajo periodístico de Gregorio, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía Especial  para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República”, precisa el resumen ejecutivo del informe en que participaron la Sociedad Interamericana de Pensa (SIP), Periodistas de a Pie, Reporteros sin Fronteras y la Casa de los derechos de periodistas.

 

Gómez hizo un llamado al gremio a no dejar en el olvido este caso. “Dependerá de nosotros los periodistas insistir a las autoridades en fallas en expediente de Gregorio.”

 

En tanto, Elia Baltazar, de la red de Periodistas de a Pie, enfatizó que el caso de Goyo evidencia las adversas circunstancias que vive todos los días este gremio en el país, ya que pone de manifiesto la impunidad y omisiones del Estado ante crímenes contra la libertad de expresión.

 

La SIP pidió que el gobierno de Javier Duarte disponga un fondo de apoyo a familiares de periodistas asesinados en Veracruz.

 

Fue del 15 al 17 de febrero cuando el grupo de periodistas viajó a  Coatzacoalcos y Xalapa y se entrevistó con más de 60 comunicadores locales,  tuvieron acceso al expediente que integró la  PGJ Veracruz y revisaron las notas publicadas por Gregorio en los seis meses previos  a su asesinato.