Gorditas del mercado, refrescos, botanas, dulces, aceite para coches, pilas. No es la lista de compras del supermercado, sino algunos de los ejemplos en los que se malgastaron decenas de miles de pesos que, en el papel, deberían destinarse para el proceso de implementación del nuevo sistema penal acusatorio.

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el 2012 se registraron múltiples irregularidades en el manejo del presupuesto, que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) destinó a los estados para el manejo de la reforma.

 

Los auditores examinaron el destino de más de 448 millones de pesos que de entrada fueron repartidos en proyectos estatales que no siempre cumplían

 

con todos los requisitos, y en algunos casos, fueron gastados en cosas totalmente ajenas a la implementación del sistema.

 

Por ejemplo, la auditoría descubrió que en el proyecto DGO-12-2012 denominado “Capacitación Integral de la Región Laguna” en Durango, se presentaron 159 facturas para justificar un gasto de 159 mil pesos, en rubros ajenos a lo que marca el anexo técnico para el gasto del dinero.

 

“Refrescos, pilas, botanas, dulces, rentas de automóvil, mantenimiento y lavado de vehículos, aceite para automóvil, hielo, recargas de celular, pagos de membresías para el servicio IAVE, compra de gorditas y servicio de alimentación”, son algunas de las compras amparadas con dichas facturas.

 

Otro ejemplo. En el proyecto BCS-01-2012 en Baja California Sur se detectaron facturas por 20 mil pesos relacionadas con la compra de vales para 28 mil litros de gasolina que tampoco se justifica cómo se usaron para la reforma.

 

En Nuevo León, en el proyecto NL-13-2012, se detectó una factura por 508 mil pesos admitida dentro del sistema, y que tras una simple verificación con el SAT se detectó que era un comprobante fiscal ya cancelado.

 

Los auditores destacan que pese a las evidentes irregularidades en este y otros casos, el SETEC a través del sistema denominado “Projet Server” aceptó y válido la comprobación de estos gastos, presentados en archivos capturados en discos compactos.

 

“Este hecho genera opacidad y discrecionalidad en la aplicación de los recursos otorgados a las entidades federativas para la implementación de la Reforma en Materia Penal”, indica.

 

Fueron en total siete estados en los que se detectaron gastos en conceptos que no están incluidos en el anexo técnico. Tan sólo estas irregularidades en específico representaron un daño al erario público de un millón 434 mil pesos.

 

Gasto fantasma

 

Entre las múltiples irregularidades identificadas en el gasto del dinero asignado para la reforma penal en el 2012, la auditoría también ubicó la justificación de recursos que en realidad se desconoce totalmente en que se invirtieron.

 

Por ejemplo, se ubicaron 37 proyectos en once estados del país, en donde no está comprobada la inversión de 11 millones 899 mil pesos. Los estados involucrados son Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

 

“No obstante lo anterior, la SETEC, a través del formato de cierre de proyectos informó a las entidades federativas responsables de dichos proyectos que cumplieron con los requisitos establecidos en los anexos técnicos”, advirtió la auditoría.

 

Más inverosímil aún. Se descubrió que en nueve estados del país se justificó la inversión de aproximadamente 25 millones de pesos del subsidio otorgado en el 2012, pero con facturas que en realidad son del 2013 y aun así se admitieron en el sistema. En qué se gastó el dinero en realidad es algo que se desconoce.

 

Estas y otras anomalías, relacionadas no sólo con el gasto del dinero sino con la asignación misma de los recursos, llevaron a concluir a la ASF que la implementación de la reforma penal estaba en riesgo en el país.

 

Nuevo mecanismo

 

Para evitar las irregularidades en la asignación de los recursos, este año el SETEC, bajo la dirección de María de los Ángeles Fromow, diseñó un nuevo mecanismo de diagnóstico de las necesidades de los estados.

 

En 2013 se cuenta con un presupuesto récord que asciende a los 970 millones de pesos y que serán destinados para programas de capacitación, infraestructura, equipamiento, entre otros.

 

Fromow explicó que se ha sustituido el mecanismo que estaba basado en simples cuestionarios a los estados para conocer sus avances, y se diseñaron indicadores que serán verificados en el terreno antes de entregar un solo peso.