En bloque, diputados del PRD en la Cámara de Diputados presentaron este miércoles una serie de iniciativas de leyes reglamentarias de la reforma político electoral para intentar abrir el debate pues, de no hacerlo, se pondría en peligro la realización del proceso electoral federal de 2015.

 

Silvano Aureoles, coordinador de la bancada del partido del Sol Azteca, expuso que si no se aprueba la nueva legislación, el proceso electoral para el año entrante se regirá con el marco legal actual.

 

De esta forma, el conflicto estaría en que el proceso federal está fechado para ocurrir el primero domingo de junio y el federal en julio, por lo que deberá haber dos jornadas de elecciones, tal y como lo adelantó 24 HORAS el pasado 12 de febrero.

 

“La elección federal se estaría quedando en junio porque así está ya en los transitorios de la reforma aunque no hubiera ley secundaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

 

“Pero en los estados no, porque las legislaciones están adecuadas para ser concurrentes con la elección de julio de 2015 y eso pareciera ser que nadie lo ve (…) meteremos al país en una crisis electoral si no resolvemos esto a tiempo”, sostuvo el político michoacano.

 

Las iniciativas presentadas por los diputados perredistas contemplan medidas como que “ningún partido o agrupación política pueda utilizar los colores de la bandera nacional, como actualmente lo hace el PRI”.

 

Señala, además que ningún medio de comunicación podrá tener adjudicado más del 30 por ciento de los recursos asignados a una clase específica de medios (prensa escrita, radio, televisión o electrónicos) ni el 40 por ciento de la pauta oficial prevista para una campaña política.

 

Estipula que el gasto anual en propaganda gubernamental no puede exceder del 0.05 por ciento del presupuesto asignado a gasto corriente.

 

De esta forma, el Sol Azteca busca crear regulaciones como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General de Delitos Electorales; la Ley General de Propaganda Gubernamental; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.