La apertura de las gasolineras al capital privado prevista en la reforma energética pone en riesgo la economía mexicana y a 400 mil personas podrían perder su empleo, advierte la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).
Con la reforma energética, las empresas gasolineras ya no firmarán contratos con Pemex para distribuir y comercializar las gasolinas bajo la misma marca, pues podrán tener un nombre propio.
En entrevista con 24 HORAS, Pablo González Córdova, presidente de la asociación, señaló que la producción mexicana de gasolinas es de mala calidad, no cumple con la norma oficial y contiene altos niveles de azufre, una sustancia prohibida en las gasolinas en Estados Unidos. Por lo tanto, se dejará de consumir el combustible producido en México.
“Si esto no se cuida, vamos a tener problemas de finanzas públicas porque no vamos a tener el recurso. Liberar el mercado con los extranjeros, sería poner en riesgo el sistema financiero del país ante la falta de competencia de nuestro producto que se llama gasolina Pemex”, dijo.
Comentó que los gasolineros están preocupados por la reforma energética porque en la propuesta actual no se ataca a la corrupción que existe en la industria.
“Lo que está pasando actualmente con Oceanografía, nosotros lo sabíamos desde antes porque hace tres años se desató el mercado negro de las gasolinas en nuestro país. Esto daña las finanzas públicas de México y si no hay una reglamentación que regule de manera diferente, eficaz, con la más alta tecnología, la cadena productiva de petróleo no va a mejorar mucho”, dijo.
Relató que actualmente los ductos en México son sujetos a la delincuencia organizada y la reforma no brinda una seguridad a la inversión, por lo que Amegas presentó recientemente recomendaciones a la Cámara de Diputados y al Senado en las que pide a los legisladores que antes de abrir el sector energético del país al capital privado, se debe crear un nuevo mercado jurídico que regule la seguridad y abata la corrupción.
“Que haya cuentas claras, que haya normas y leyes mexicanas para construir una distribuidora, un ducto, una pipa de Pemex, una gasolinera, un terminal de almacenamiento. Todo eso tiene que estar bajo una normatividad y actualmente no existe en la mayoría de los casos”, expresó González.
CONTRATOS AMARRADOS
En México, son 10 mil 715 gasolineras que distribuyen diariamente 200 millones de litros de combustibles con la franquicia Pemex.
Pero, como informó 24 HORAS el 9 de diciembre de 2013, las extranjeras como Shell, Chevron, Exxon y British Petroleum podrán vender combustibles a los consumidores mexicanos.
Esto preocupa también a los gasolineros mexicanos ya que muchos de ellos tienen contratos amarrados con Pemex para los próximos 10 a 15 años, pero los nuevos jugadores sólo necesitarán permisos para explotar una estación de servicios.
Y aún más preocupante es que se liberará el mercado, es decir que las gasolineras podrán fijar el precio del combustible, ya que el gobierno no subvencionará la gasolina.
“Ahí es donde nosotros vemos el peligro. Si el Estado renuncia a manejar el precio de la gasolina y se lo entrega al libre mercado, seríamos presos en México de la política o el oligopolio que formarían cinco o seis grupos como sucede en Suramérica donde manejan el precio a 20 o 25 pesos como es el caso de Argentina”, advirtió.
Por esta razón, Amegas pide también que se fortalezca la franquicia Pemex, para que les permita a los gasolineros instalar otros servicios como venta de llantas o un taller mecánico y hasta un cajero automático, además de la distribución y venta de gasolina.
Una buena noticia con la integración de empresas privadas extranjeras en el sector, señaló González Córdova, es que mejoraría la calidad de las gasolinas. Actualmente el 60% de la gasolina que consume el país lo produce el Sistema Nacional de Refinación y el resto es importado de Estados Unidos.
Por otro lado, existe también un impacto social importante porque la industria actual emplea a 400 mil personas ya que en las franquicias de Pemex, las gasolinas está siendo suministrada por trabajadores. Son cerca de 30 por gasolinera.
Pero las empresas extranjeras sólo requieren a una persona y a un cajero automático y los clientes llenan sus coches ellos mismos.
Pablo González Córdova asegura que con la apertura de la industria a la inversión privada causará un desempleo de cerca de 400 mil trabajadores.
Industria impulsa transparencia
La Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe) busca una mayor transparencia en los contratos que se realizarán en el sector energético con la reforma impulsada por el gobierno federal.
“Un sector energético saludable e incluyente debe estar guiado por leyes que permitan que los inversionistas, proveedores y prestadores de servicio cuenten con mecanismos que den certeza a la eficiencia y transparencia de la industria, especialmente en las licitaciones”, afirmó Erik Legorreta.
En entrevista con 24 HORAS, el presidente de la asociación señaló que en el marco de las leyes secundarias que serán discutidas en las próximas semanas por los legisladores, la Amipe propuso que los organismos especializados representativos del sector sean testigos activos en los procesos de licitación.
También propone la conformación de un comité de evaluación de proveedores que lleve un registro del desempeño de cada empresa. Dicha evaluación deberá ser considerada en los fallos.
Esto evitará que casos como el de Oceanografía suceda nuevamente.
La propuesta busca modificar el artículo 53 de la Ley de Petróleos Mexicanos para que se incluya una certificación de proveedores y contratistas que reconozca a las empresas que cumplen con las normas y los incentivos otorgados.
“No es que no están dando los frutos, pero hay que crear los mecanismos suficientes para que garanticen una mayor transparencia”, expresó.
Por otra parte, Legorreta señaló la necesidad de determinar un porcentaje de participación de la inversión privada nacional mexicana en el sector energético en las leyes secundarias.
“Se trata de mantener un mínimo de inversión nacional en los proyectos, es decir, que haya un máximo de 70% de inversión extranjera y un mínimo de 30% de inversión nacional, lo que garantizará el desarrollo de empresarios y de la industria nacional”, explicó.