GINEBRA. A pesar de la “amplia aceptación” por parte del gobierno mexicano a las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones no gubernamentales criticaron que haya rechazado varias de ellas en “temas preocupantes” como el arraigo.
En la ONU, México aceptó 166 recomendaciones, de un total de 176 que recibió en octubre del año pasado, cuando fue sometido a un Examen Periódico Universal (EPU) ante dicho Consejo, al cual se someten los estados miembros cada cuatro años.
Respecto a la práctica del arraigo durante la búsqueda de pruebas de un delito, la postura de México fue cuestionada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. “El Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del arraigo”, respondió ante los señalamientos de Alemania, Austria y Bélgica de abolir dicha práctica.
Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón García, afirmó que las medidas de arraigo en 2013 se redujeron en 50% respecto a años anteriores. El plazo máximo de privación de la libertad durante la búsqueda de pruebas es de 80 días, pero hay proyectos legislativos avanzados para reducirlo a 35.
Sin embargo, decenas de organizaciones no gubernamentales lamentaron en un comunicado que el gobierno mexicano haya rechazado por segunda vez las recomendaciones en torno a la figura del arraigo con el argumento de que ya se aprobó una reforma que reduce el plazo de la detención provisional.
En el documento, criticaron además que México se negara a reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para analizar casos individuales de víctimas de esta práctica en México.
México debe aceptar todos los señalamientos de la ONU para garantizar el acceso a la justicia internacional a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, “por lo que será de fundamental importancia que el Senado concrete dichas ratificaciones”, insistieron.
Las organizaciones civiles aseguraron que el gobierno mexicano tiene el reto de aplicar las recomendaciones relativas a eliminar la discriminación, erradicar la pobreza y garantizar los derechos económicos sociales y culturales, que fueron aceptadas.
México aceptó las 43 sugerencias sobre derechos de las mujeres, cuatro sobre derechos reproductivos y 24 sobre la seguridad a defensores de derechos humanos y periodistas, indicó el comunicado, suscrito por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre otros grupos.
Subrayaron que México aceptó ratificar varios instrumentos internacionales, en particular la Convención de los Derechos del Niño, pero pidieron al Gobierno publicar la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para desarrollar los mecanismos de su aplicación.
Las agrupaciones aseguraron que permanecerán pendientes del cumplimiento de los acuerdos para que “los compromisos no queden en papel y se traduzcan en verdaderos cambios para la vigencia de los derechos humanos en el país”.
POSTURA OFICIAL
El gobierno mexicano anunció que “diseñará un mecanismo coordinado con las instancias involucradas que garantice la participación de las organizaciones de la sociedad civil” para dar seguimiento a las recomendaciones.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron que “hubo una amplia aceptación de las recomendaciones” por parte del Estado mexicano, pero no precisaron cuáles fueron rechazadas.
Señalaron que las recomendaciones habían sido tomadas en cuenta para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos en la materia que será presentado “próximamente” y que, además, el gobierno había entablado un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.
La funcionaria de Gobernación, Lía Limón destacó que México cuenta con iniciativas a favor de los “que sufren algún tipo de discriminación por su condición de género, raza, religión o preferencia sexual” y “las relativas a educación, derechos sexuales y reproductivos, erradicación de la pobreza, seguridad pública, inclusión social, disminución de las desigualdades, combate a la impunidad y a los estereotipos de género”.
Entre las recomendaciones que México rechazó están las que emitió la Santa Sede, sobre todo en el apartado de Protección de la familia y el matrimonio, y el derecho a la Vida.
El Estado católico recomendó a México “preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer basada en el libre consentimiento”.
México dijo reconocer y proteger el derecho de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia.
No obstante, México subraya que no existe una norma internacional que defina las características que debe ostentar la familia”, señaló.
La Santa Sede también se pronunció por respetar y defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural; México contestó que reafirma su respeto y protección al derecho a la vida, sin embargo, resaltó que la SCJN confirmó “la facultad de las entidades federativas de legislar en este ámbito, por lo que no se puede implementar la recomendación”.
A través de un comunicado, la Cancillería informó este jueves que la presentación del documento estuvo a cargo del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García.
DATOS
166 recomendaciones aceptó México de un total de 176
FRASE
“El Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del arraigo”
LÍA LIMÓN GARCÍA
Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México