El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, fue designado como alcalde provisional de Bogotá por Juan Manuel Santos, luego de que el mandatario ejecutara la sanción de la Procuraduría en contra del mandatario distrital Gustavo Petro.

 

El nuevo alcalde interino de Bogotá, economista de profesión, tiene 60 años y a lo largo de su vida pública ha desempeñado en diversos cargos, entre ellos senador y hasta ministro de Defensa, así como asesor presidencial para la paz.

 

Aspiró a la presidencia en las elecciones de 2010 como candidato del Partido Liberal. Tras la victoria de Juan Manuel Santos en primera vuelta, el político liberal se sumó a la Mesa de Unidad Nacional.

 

Una vez se dividió el antiguo Ministerio de Protección Social en las carteras de Salud y Trabajo, Pardo ocupó esta última, cargo que desempeña desde el 10 de noviembre de 2011.

 

Es “un encargo muy honroso que me ha hecho el señor presidente Santos, entiendo los retos”, dijo el alcalde interino, el ministro del Trabajo Rafael Pardo.

 

“Es un encargo coyuntural…, un encargo que tiene por objeto que la alcaldía tenga una persona para reemplazar una vacancia”, añadió Pardo a reporteros en la sede de un juzgado donde firmó su posesión.

 

EL mandatario provisional comunicó que respetará las políticas de Petro. “El programa que ganó las elecciones fue el de la Bogotá Humana. Ese programa, durante este encargo, es el que voy a buscar adelantar, ejecutar y continuar”, afirmó.

 

“Trabajaré de la mano con el presidente de la República, con mis colegas de gabinete, con el equipo de la Alcaldía, a la espera de que esta circunstancia que Bogotá no se buscó pueda superar con el concurso de todas las bogotanas y bogotanos”, concluyó

 

Ya la víspera, Santos había designado a Pardo, para asumir de forma temporal la alcaldía de la ciudad de ocho millones de habitantes, la mayor y más importante de Colombia.

 

Pardo además es esposo de la ex ministra de comunicaciones del gobierno Pastrana, Claudia de Francisco, con quien tiene tres hijas.

 

Acto arbitrario y desprestigio mundial, advierten

 

El destituido alcalde Gustavo Petro salió de su oficina la noche del miércoles luego de que Santos decidiera desoír la solicitud formulada el 18 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la destitución de Petro, que dictaminó en diciembre y ratificó en enero la Procuraduría General.

 

Con la decisión de Santos “se consolidó una acción que viola los derechos políticos… se consolidó un acto arbitrario”, dijo Jorge Rojas, secretario de Integración Social de la administración de Petro a la agencia Associated Press en días pasados.

 

“La decisión (de Santos) va a generar un desprestigio internacional” para el país, agregó Rojas.

 

El gobierno, a través de la canciller María Ángela Holguín, defendió la medida al alegar que lo que hizo la CIDH fue una solicitud que se podía o no atender, pero que además el sistema judicial colombiano operó en el caso de Petro porque resolvió a lo largo de tres meses más de 300 demandas, en una muestra de que los tribunales sí actuaron, lo que rebatía Petro y por eso acudió a la Comisión a fines de 2013.

 

“Es la primera vez que la Comisión nos solicita medidas cautelares sobre derechos políticos. Todas las demás que nos ha solicitado…la cuales todas se han aceptado, tienen que ver (con) la amenaza y la integridad de la vida de las personas pues está en juego y por esos las medidas cautelares se desarrollan precisamente en casos extraordinarios”, reiteró Holguín en la jornada al hablar reporteros en la sede del ministerio.

 

Renuncia total de gabinete

 

El abogado Gustavo Gallón, de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, dijo a reporteros que ciertamente era la primera vez que Colombia desacataba a la CIDH “de una manera explícita argumentando que no está obligada a cumplirlo”.

 

En otros casos pasados “lo que pasa es que (Colombia) ha cumplido mal. La mayoría de las decisiones de la Comisión Interamericana…han sido mal cumplidas”, dijo Gallón.

 

Rojas, uno de los más cercanos colaboradores de Petro como los otros 12 integrantes del gabinete, presentaron la renuncia irrevocable a sus cargos y dieron un plazo hasta el 1 de abril para entregar sus cuentas a los nuevos designados.

 

Indicó también que Petro no presentará, como indican las normas colombianas en caso de ausencia de un alcalde, una terna de candidatos de los cuales el presidente Santos escoja a un sucesor hasta que se produzcan nuevas elecciones.

 

La razón de esa negativa es que Petro, un ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), considera que todo el proceso violó sus derechos políticos y que él no forma parte de ningún partido sino de un movimiento independiente llamado Progresistas.

 

En al menos 50 días se llamará a elecciones para cubrir el cargo, explicó a la radio Caracol el ministro del Interior Aurelio Iragorri. Con esos plazos, los comicios se realizarían aproximadamente en junio, indicó.

 

Quien resulte elegido deberá terminar el mandato de Petro, que asumió el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.