Múltiples irregularidades, desde la falta de un proyecto ejecutivo de obra, pasando por pagos injustificados a trabajos incompletos, y hasta el salario millonario a un gerente de obra “patito”, inundan el proceso de modernización de la Base Aérea Militar (BAM) número 1 de Santa Lucía, Estado de México.
Esto pese a que la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reconocido que se trata de una instalación estratégica por su ubicación geográfica en el centro del país, que permite desplegar una operación aérea, en cuestión de minutos, hacia cualquier parte del territorio nacional y hacia las costas del golfo y el pacífico.
De hecho, de las 18 bases aéreas militares de la Fuerza Aérea, es la de mayor número de operaciones y la dimensión de su pista permite incluso aterrizaje de aeronaves comerciales en casos de emergencia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó por lo menos doce anomalías en la ejecución de este proyecto de modernización de la BAM número 1 en el 2012, cuya gravedad fue suficiente para establecer dictamen negativo a la auditoría de inversiones físicas practicada.
Más de 553 millones de pesos se emplearon y gastaron en su totalidad solo en el 2012 en estos trabajos, como parte de un contrato multianual que concluiría en noviembre del año pasado.
Los auditores encontraron fallas en prácticamente todas las fases de la obra que fueron comunicadas a la propia Sedena. Aun con ello, la ASF indicó que la mitad de las observaciones realizadas no fueron solventadas ni justificadas con los documentos que entregó la dependencia.
“La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de la Defensa Nacional no cumplió con las disposiciones normativas aplicable”, concluyeron los auditores.
Estratégica… y vieja
La base aérea número 1 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) fue construida en Santa Lucía, Estado de México, e inició sus operaciones en 1978.
“Se distingue por la gran cantidad de operaciones aéreas que en ella se realizan, es la Base Aérea Militar Núm. 1, localizada en Santa Lucía, Estado de México, su ubicación geográfica se considera altamente estratégica, ya que permite el despliegue y movilidad de aeronaves en forma diligente a cualquier parte del territorio nacional”, recuerda la propia auditoría.
La evaluación hecha por la Sedena concluye que parte la infraestructura “se considera obsoleta y es insuficiente para el desarrollo de las funciones operativas, técnicas y administrativas de los organismos que se encuentran acantonados en la base”. Sus instalaciones cuentan con “fatiga estructural” y deterioro de equipos.
Tras analizar diversas opciones, e incluso su posible cambio de ubicación, en junio del 2012 el entonces comandante de la FAM, Leonardo González García, optó por el proyecto de modernización con una inversión multianual de mil 600 millones de pesos, y que incluiría la construcción de 19 instalaciones nuevas.
Graves fallas
Los auditores identificaron en total 12 anomalías, entre ellas destacan que se careció de un presupuesto base, de un estudio de mercado y de un proyecto ejecutivo presentado a tiempo. Esto fue el inicio de otras fallas.
“La ejecución de trabajos no se planeó, ya que hubo falta de mano de obra, materiales y personal técnico para la dirección de las actividades en campo, lo cual se debió principalmente a que no se había entregado el proyecto ejecutivo”, indica la auditoría.
La ASF hizo énfasis en que no hubo licitación para la contratación de un ente supervisor de los trabajos, sino que se incluyó como una subcontratación dentro del contrato 809/2012, adjudicado de forma directa a la empresa responsable de la obra. Según los auditores esto genera dudas de la “imparcialidad” y posibles “conflictos de interés”.
De hecho, la auditoría identificó cerca de una decena de fallas de los responsables de la supervisión, quienes no reportaron anomalías de la obra y, lo más importante, no establecieron correctivos o sanciones.
Los auditores también destacaron otro error que pone en evidencia la falta de rigor en el proyecto. Se hizo un pago de un millón 663 mil pesos correspondiente al plazo de agosto a diciembre del 2012 por el concepto de “gerente de Supervisión”. Pero quien recibió el pago no está acreditado como tal.
“El personal contratado para laborar en este puesto debió contar con el perfil de Profesionista nivel de licenciatura, ingeniería, arquitectura o un área afín… y quien firmó las estimaciones no acreditó su cédula profesional, ni tampoco se entregó su currículo, ni se acreditó su inclusión en el organigrama de la empresa supervisora”, indica la ASF.
A lo anterior se suman pagos por estructuras y materiales sin que estuviera el trabajo terminado, la falta de un programa detallado de objetivos, y la asignación arbitraria de una plantilla laboral arbitraria, que no es acorde con los tabuladores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Fallas en arrendamientos y salud
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó algunas irregularidades menores en otras cuatro auditorias financieras o de desempeño que realizó a distintas áreas de la secretaría de la defensa nacional (SEDENA) peor que no derivaron en dictámenes negativos.
Por ejemplo, sobre la adquisición de helicópteros, aeronaves y equipos, la ASF estableció que se detectaron carencias de procedimientos formales que regulen el arrendamiento financiero de bienes. Hacienda carece además de un mecanismo para que la Sedena cubra las amortizaciones del IVA sobre el arrendamiento.
En el análisis del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas armadas se detectó que no se cumplió con algunas metas como la de tener un índice de muertes por enfermedades cardiovasculares menor a 25 muertes por cien mil derechohabientes, o el tener un surtimiento de medicamentos prescritos superior al 95%.