Othón Cortez Vázquez ha peleado por justicia Durante los últimos 18 años. En 1995 fue injustamente tachado como el segundo tirador implicado en el asesinato del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Durante un año y medio portó el uniforme número 0595 en la prisión de Almoloya de Juárez, donde perdió un oído y parte de la movilidad en la pierna izquierda a causa de las golpizas que le propinaban agentes federales para que declarara una versión que nunca fue cierta.
Desde su actual trabajo en el Parque Morelos de Tijuana, Othón recuerda el magnicidio de Lomas Taurinas como si fuera ayer. En su recuerdo tiene inmortalizada la bonita relación con Colosio debido a que fue su chofer en la campaña presidencial, pero no solo de él, también lo fue de Francisco Ruiz Massieu, varios secretarios de Estado, e incluso del Presidente de la República.
“El oaxaquita”, como Colosio lo apodaba por ser oriundo de Oaxaca, manejaba los autos del PRI desde mediados de los 80, de hecho, era gente de confianza del partido en el poder.
A Othón le cambia el semblante cuando habla del candidato Colosio, se refiere a él como “el licenciado”. Su sonrisa llamativa se convierte en una mueca de tristeza, mezclada con frustración y coraje al remembrar el suceso que le arrancó la vida a quien pudo ser el titular del Ejecutivo federal.
“Más que un chofer, ese 23 de marzo de 1994 yo estaba en Lomas Taurinas como un admirador y convencido que Colosio iba a ser presidente, pero nos ganó el tiempo, lo mataron, entonces quedamos como los huérfanos de Colosio”, declara el ex chofer 20 años después.
El sueño que lo incriminó
La única prueba que incriminó a Othón fue un sueño de un testigo “a modo”, contratado para declarar en contra del chofer.
Para él, el complot del “segundo tirador” fue maquiavélicamente elaborado por el ex tercer fiscal del caso, Pablo Chapa Bezanilla, apoyado por el entonces titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia.
Jorge Romero Romero, fue el testigo que soñó y tuvo esos vagos recuerdos de que Othón fue el segundo gatillero que atravesó con una bala el abdomen del candidato presidencial.
“Jorge Romero Romero, priista de Rosarito, dijo en su declaración que en su sueño me vio disparar. Escogieron a otros dos testigos que avalaron la supuesta tesis: Jorge Amaral Muñoz y María Belem Mackliz viuda de Romero, a quienes la PGR les pagó 30 mil dólares, a petición de Chapa, para que me incriminaran. Los tres eran mis amigos”…
“Aquí hay culpables, los culpables se llaman Antonio Lozano Gracia, Pablo Chapa Bezanilla, tanta gente del ex presidente Ernesto Zedillo que incriminó y enredó todo el caso Colosio para beneficiarse ellos, política y económicamente”, resuenan las palabras de Othón, que no tiene miedo de hablar y señalar a quienes le tendieron esa trampa.
Según El oaxaquita, también se buscaba incriminar al general Domiro García Reyes, jefe de seguridad de Colosio y al gobernador de Sonora en ese entonces, Manlio Fabio Beltrones (ahora coordinador de los diputados federales del PRI), como los principales culpables del asesinato.
Comienza el martirio
A pesar de que el magnicidio fue en marzo de 1994, la detención del chofer de Colosio no fue inmediata.
Othón cuenta que el día del asesinato acudió al Hospital General de Tijuana, donde llevaron el cuerpo, ayudó a quitarle las agujetas de los zapatos del difunto, cuidó la puerta del hospital y finalmente condujo el carro guía que llevó a un Colosio inerte al aeropuerto de la ciudad.
Después, la PGR lo citó a declarar como un testigo más de los hechos. Pronto Ernesto Zedillo se convertiría en el candidato presidencial y el chofer también participó en la campaña proselitista del priista.
Casi un año después, de la nada, el 24 de febrero de 1995, Othón fue capturado cuando llevaba a Leslie y Jonathan, sus dos hijos, de camino al kínder en Tijuana. Fue entonces cuando comenzó el martirió para él y su familia.
“La PGR me torturó, me metieron alfileres entre la yema del dedo y las uñas, me dislocaron el hueso de la pierna izquierda, me rompieron el oído, me dieron toques eléctricos en los testículos, me echaron tehuacán con chile por la nariz”, dice con la voz entre cortada.
No obstante, Othón Cortez aguantó y negó las falsas acusaciones. El 7 de agosto de 1996, con año y medio de encierro en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, logró ser excarcelado.
La férrea defensa de su abogado de oficio, Héctor Sergio Pérez Vargas, evidenció que la tesis del “segundo tirador”, fabricada por Chapa Bezanilla, fue un montaje y el nuevo fiscal, Jorge Mario Pardo Rebolledo, dictó su libertad.
El oaxaqueño recuerda este caso como un parte aguas en su vida. Durante muchos años, luego de ser liberado, nadie quería contratarlo en un trabajo decente, sus hijos eran señalados en las escuelas, además, su esposa y él perdieron muchos amigos.
“En la casa de mi madre (en Oaxaca) la PGR entró y se robó miles de fotos, documentos de mi familia que es gente oaxaqueña, humilde y trabajadora. Estuve por 14 años sin trabajo, tuve trabajos esporádicos de albañil, chofer, cocinero, pintor, batallando para recuperarnos, hasta ahora que trabajo en un parque temático en Tijuana”, sostiene con sus herramientas de limpieza en las manos.
Busca el indulto
A partir de que obtuvo la libertad en 1996, decidió demandar a Chapa Bezanilla y Lozano Gracia, pero los artificies de la teoría del “segundo gatillero” contrademandaron a Othón quien perdió el juicio, sumando a sus pesares una multa impuesta por la Corte de 18 millones de pesos. La deuda con el Estado mexicano aún sigue vigente.
“Hablé con los dos ex presidentes del PAN, con Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes dijeron que no era responsabilidad de su gobierno, ni de funcionarios de ellos, que había sido de otra administración, entonces no se hacen responsables de la reparación del daño”, se lamenta.
Las lágrimas de Othón quedaron en Almoloya, dice que ha llorado demasiado pero que con los años se ha vuelto más fuerte, a pesar de padecer diabetes y estar recién operado de una prótesis en la pierna izquierda.
Ahora, encabeza un recorrido, que él mismo ha llamado “la gira de la justicia”, por varias entidades de la República, con la finalidad de presionar al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para tener un encuentro y que sea el priista quien le conceda el indulto de los 18 mdp y la reparación del daño.
Lo que no se podrá borrar en el ex chofer es la tortura a la que fue sujeto, y la tristeza por la humillación contra él y su familia durante casi 20 años.