La operación de los grupos criminales dedicados a la trata es tan sutil en las redes sociales que “enganchan” a los menores de edad sin cometer un delito, lo que dificulta su persecución. Aunado a esto existe un vacío en la legislación federal para establecer el vínculo de las redes sociales con la desaparición de niños y adolescentes.
Ayer 24 HORAS dio a conocer que cuatro de cada 10 desapariciones tiene como común denominador que los menores tenían más de un cuenta de Twitter o Facebook, donde muestran una personalidad diferente, con la intención de ser aceptados en un grupo.
Esto es aprovechado por los grupos delictivos, quienes establecen vínculos de amistad o amorosos a través de internet. Una vez que ganan su confianza les piden conocerse físicamente, lo que puede derivar en la desaparición del menor.
Estas personas se esconden tras perfiles falsos y enganchan a las jóvenes para que sean ellas quienes salgan por decisión propia o incluso contacten a otras adolescentes, de tal manera que la red se extiende a través de Facebook o Twitter sin poder llegar a los culpables, aseguró Alejandro Mercado, integrante de la Fundación Reintegra.
Rosi Orozco, presidenta de la organización Unidos hacemos la Diferencia narró experiencia durante un ejercicio en el que se hizo pasar por una chica de 17 años con muchos problemas, quien intentaba llegar a Nueva York con su padre.
“Nunca me dijo nada sexual, era como mi consejero, me preguntaba cosas, se interesaba por mis problemas. Cuando lo citamos para atraparlo yo dudaba que fuera padrote. Me di cuenta el grado de profesionalidad que tienen estos tipos, yo tengo experiencia y caí en el error”, admitió la activista.
A pesar de que las autoridades conocen el modus operandi, la legislación tiene limitaciones al respecto. El artículo 104 de la Ley de Trata sólo pide la revisión de establecimientos que prestan servicios de navegación en internet para garantizar que hay filtros y bloqueos para prevenir este ilícito.
Retroceso en el castigo por trata
La reforma a la Ley de Trata, que se discute en el Congreso de la Unión, podría significar un retroceso para sancionar a los delincuentes y dejaría inservible la parte penal de la legislación, acusó la activista Rosi Orozco.
Añadió que es necesario que las leyes se perfeccionen de manera que se pueda actualizar al entorno social -por ejemplo incluir el tema de las redes sociales como un medio para cometer delitos-, en lugar de permitir la impunidad.
Sin precisar nombres, Orozco dijo que no se debe permitir que los senadores que cabildean la reforma de la Ley de Trata “se salgan con la suya” y los legisladores sean responsables a la hora de votar.