MADRID. El Tribunal Constitucional español rechazó por unanimidad la declaración aprobada en el Parlamento autónomo de Cataluña en enero de 2013 en la que se definía a este territorio como un “sujeto jurídico y político soberano” y que fue impugnada por el Gobierno central.
En mayo pasado el Tribunal Constitucional español suspendió temporalmente ese acuerdo de la Cámara catalana tras admitir a trámite la impugnación del Gobierno central.
La Cámara regional catalana aprobó, con el apoyo de las formaciones nacionalistas, un acuerdo que tiene como objetivo el llamado “derecho a decidir” por parte de los ciudadanos y que tiene como pretensión final organizar una consulta en noviembre para que los catalanes digan si quieren ser un sujeto político distinto a España.
Después de la declaración de enero de 2013, el Parlamento catalán aprobó en marzo pasado por una mayoría más de dos tercios una resolución en la que se instó al Gobierno regional a “iniciar un diálogo” con el del Estado para celebrar la consulta de autodeterminación.
Esta iniciativa fue votada a favor por el partido que gobierna en Cataluña, CiU (Convérgencia i Unió), así como por tres partidos de izquierda: ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), ICV (Iniciativa per Catalunya Verds)-EUiA (Esquerra Unida i Alternativa) y PSC (Partido Socialista de Cataluña), aunque éste tercero, socialista, no había respaldado la declaración de enero.
El ejecutivo español de Mariano Rajoy PP (Partido Popular) siempre rechazó esas pretensiones de los nacionalistas catalanes con el argumento de que no son legales porque la Constitución no las autoriza.
La línea del Gobierno español es apoyada por el primer partido de la oposición, el PSOE (socialista).
El vocero de CiU en la Cámara autonómica, Jordi Turull, reaccionó con la afirmación de que a su partido “no le merece ningún respeto” la sentencia del Constitucional porque está hecha por “agitadores políticos que han atizado la catalonofobia”.
Varios grupos representados en esa Cámara anunciaron que quieren recusar a tres integrantes del Constitucional por considerar que con diferentes declaraciones demostraron animadversión a sus posiciones.
Sobre este mismo asunto la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronunció para asegurar que una consulta sobre la eventual independencia “carece de encaje en la Constitución” en vigor desde 1978 y que, por tanto, “no encuentra ningún respaldo legal para su celebración”.
El próximo 8 de abril el Congreso de los Diputados celebrará un debate sobre la petición de traspaso de competencias al Ejecutivo catalán para poder convocar la consulta.