A 5 semanas de concluir el actual periodo ordinario y ante la ausencia de un proyecto en la materia por parte del Ejecutivo Federal, las bancadas  del PRI y el PAN en el Senado presentaron, cada una por su lado, sus iniciativas de leyes secundarias para la reforma política, a fin de concluir definitivamente con la enmienda antes del próximo 30 de abril, con el fin de no poner en riesgo las elecciones estatales del 2015.

 

A pesar de ser iniciativas distintas, ambos grupos parlamentarios se concentraron en la fiscalización de los recursos que utilizarán los candidatos y los partidos políticos durante las campañas electorales.

 

En el proyecto que presentó el Revolucionario Institucional, que incluye 186 artículos, destaca la creación de una Comisión de Fiscalización, integrada por cinco consejeros electorales, que tendrá como facultades la supervisión de manera permanente las auditorias ordinarias, de precampaña y de campaña; aprobar solicitudes de información con la finalidad de superar el secreto fiduciario, bancario y fiscal; acreditar el origen lícito de los recursos utilizados por los partidos políticos, y llevar a cabo la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro por incumplir con lo expresado en la ley.

 

La propuesta de legislación secundaria propone además la  Incorporación de un sistema de nulidad de elecciones y un esquema de sanciones para quien incurra en delitos electorales. Sobre este último punto, se sugiere sancionar a funcionarios electorales y servidores públicos involucrados en la comisión de delitos electorales con la destitución de su cargo e inhabilitación hasta por cinco años.

 

En lo referente al financiamiento de los partidos políticos, se establece que estos podrán recibir recursos que no provengan del erario público, sin embargo está expresamente prohibido el financiamiento por parte del sector empresarial.

 

Entre las obligaciones de los partidos políticos se establece que estos deberán  transparentar sus cuentas bancarias y hacer públicos los nombres de quienes hagan aportaciones a los institutos políticos, en caso de violar esta disposición, se sugieren multas de hasta 630 mil pesos.

 

Al presentar el proyecto, el senador Miguel Ángel Chico Herrera convocó a las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado a iniciar un debate serio para concretar la reforma política electoral. Su compañera de bancada, Cristina Díaz Salazar coincidió en este llamado al recordar que “están en puerta” los procesos electorales del año 2015, por lo que debe definirse la reforma constitucional en la materia.

 

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) desplegó su fuerza parlamentaria para impulsar la su propia iniciativa de leyes secundarias de la reforma político-electoral. En ésta proponen restar facultades a los organismos locales en la fiscalización de recursos a partidos para que sea el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) quien asuma la revisión de las cuentas de los institutos políticos y campañas electorales.

 

“Se dota al INE de nuevos procedimientos para realizar tareas muy importantes, como la fiscalización de recursos, de organización del servicio nacional profesional electoral, los requisitos y procedimientos para partidos, así como candidaturas independientes”, indica uno de los 10 puntos que se incluyen en el apartado de la transformación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) a una Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

“No estamos enojados”, aclaró la dirigente nacional del blanquiazul, Cecilia Romero Castillo, quien presumió la unidad en el blanquiazul en la presentación de la iniciativa, donde fue arropada por los coordinadores panistas de las bancadas del Senado de la República y Cámara de Diputados, Jorge Luis Preciado y Luis Alberto Villareal, respectivamente.

 

De acuerdo con Preciado, la meta de la propuesta de fiscalización es combatir los cacicazgos locales y evitar que se pervierta el voto ciudadano sujeto a la compra y condicionamiento de ciertos programas sociales en favor de cualquier partido político.

 

La iniciativa de Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de los panistas, enviada ayer al Senado de la República, cuenta con 10 claves específicas para mejorar, según el PAN, los procesos electorales, entre los que destacan el voto electrónico de los mexicanos en el extranjero, candidaturas independientes, que el INE tenga la facultad de resolver Procedimientos Administrativos Sancionadores y la igualdad de candidaturas para cada género.

 

En rueda de prensa, Luis Alberto Villareal, coordinador de los diputados panistas, detalló que pelearán por regular de manera efectiva el otorgamiento de financiamiento público y acceso a radio y televisión a partidos y candidatos, así como su efectiva fiscalización.

 

Según el legislador, esta propuesta tiene el aval de los 114 diputados federales y 38 senadores panistas.

 

El senado panista, Héctor Larios, también puso el acento en la fiscalización de recursos: “los cambios que se hacen en materia de fiscalización son, precisamente, en reforzar el esquema de fiscalización, que ya tiene establecido el IFE, ahora centralizado en el Instituto Nacional Electoral y definir la manera que se va a relacionar con los organismos públicos autónomos locales para poder hacer eficaz la labor de revisar las cuentas de los partidos”.

 

En los próximos días, el Comité Ejecutivo Nacional y los grupos parlamentarios del PAN, presentará el paquete completo de leyes secundarias que contiene la Ley general de partidos políticos, la Ley de delitos electorales y otros ordenamientos

 

Puntos clave del PAN

 

  • Se define en la ley las tareas para que cada órgano participe en la organización de los procesos electorales, federales y locales
  • Se establecen los mecanismos de adecuación entre los organismos locales y el nuevo INE, que tendrá existencia a partir del próximo mes para organizar elecciones
  • El INE pasa de ser un organismo que, como IFE, organizaba las elecciones de Presidencia de la República, Senado y de Cámara de Diputados, a tener la facultad de organizar cerca de 3 mil 500 procesos electorales, en combinación con organismos locales , para municipios, diputados locales, gobernadores y el jefe de gobierno del DF
  • Se conservan las reglas que dieron al IFE la experiencia para organizar elecciones y se extienden estas normas al resto del país
  • Se dota al INE de nuevos procedimientos para realizar tareas muy importantes, como la fiscalización de recursos, de organización del servicio nacional profesional electoral, los requisitos y procedimientos para partidos, así como candidaturas independientes
  • Se flexibilizan los mecanismos para que los mexicanos en el extranjero emitan su voto a través de nuevas modalidades, como el voto electrónico
  • Se ajustan los procedimientos para que el INE y el Tribunal Electoral de cada caso resuelvan Procedimientos Especiales Sancionadores
  • Se establecen mejores reglas para la organización de debates

 

 

Puntos clave del PRI

 

  • Crear una Comisión de Fiscalización para seguir las auditorías a los partidos políticos
  • Crear un Órgano Técnico de Fiscalización con facultad de auditar los recursos destinados para el desarrollo de campañas electorales
  • Los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, sin embargo se prohíben aportaciones del sector empresarial
  • Se establecen multas de hasta 630 mil pesos para los partidos que se nieguen a transparentar su información contable
  • Aquellos  funcionarios electorales y servidores públicos involucrados en la comisión de delitos electorales serán destituidos de su cargo e inhabilitados hasta por cinco años
  • El INE deberá coordinarse con la SHCP para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se puedan detectar movimientos o gastos irregulares por parte de los partidos políticos.
  • Crear el Comité de Revisión de Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral, que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General del INE por un periodo de tres años.
  • Facultar a la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en las entidades federativas para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional.