WASHINGTON. Once países, diez de ellos del continente americano, abogaron hoy ante la CIDH, con el apoyo de Amnistía Internacional (AI), por aumentar la presión para que todos los países de América impongan una moratoria y posterior abolición de la pena de muerte, calificada por México de “práctica medieval”.

 

México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Francia pidieron fomentar un “debate permanente” en las Américas sobre la necesidad de eliminar la pena de muerte en los nueve países del continente donde sigue vigente de algún modo, entre ellos Estados Unidos y Cuba.

 

“Es una práctica violatoria de los principios de la Carta Interamericana (de Derechos Humanos) y también de Naciones Unidas. Es una práctica medieval”, dijo a periodistas Max Dínger, consultor jurídico de la Cancillería de México, tras intervenir en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Por tanto, los 11 países plantearon la posibilidad de impulsar esa causa a través de una resolución en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) -organismo del que depende la CIDH- que se celebrará en junio en Paraguay.

 

Con alrededor de 80 mexicanos esperando en el corredor de la muerte en Estados Unidos, el gobierno de México intensificó su campaña de presión sobre este asunto a raíz de la ejecución el pasado 22 de enero en Texas de su conciudadano Edgar Tamayo.

 

Tamayo fue el tercer mexicano en ser ejecutado tras emitirse el Fallo Avena en 2004, en el que la Corte Internacional de Justicia ordenaba a EU la revisión de los casos de los mexicanos condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, para determinar el daño ocasionado debido a ello.

 

Pese a los insistentes llamados de los gobiernos de México y EU y de la propia CIDH, Texas se negó a revisar el caso de Tamayo y procedió con la sentencia, algo que a todas luces se repetirá el próximo 9 de abril, cuando está prevista la ejecución de Ramiro Hernández, otro reo mexicano protegido por el Fallo Avena.

 

No obstante, México decidió no plantear en la audiencia su preocupación por el caso particular de Hernández “porque considera que lo que hay que impulsar en el seno de la OEA son políticas generales” contra la pena de muerte, según Dínguer.

 

Consultado tras la audiencia por el caso de Hernández, Dínguer explicó que México está “presentando recursos a nivel de la Corte Suprema y otros tribunales de EU para lograr que en última instancia se pueda conmutar esta pena o aplazar la ejecución”.

 

Sobre la desobediencia de Texas al Fallo Avena, opinó que hace falta “una ley de implementación nacional que obligue a los estados de EE.UU. a ser congruentes con las sentencias internacionales”.

 

Al contrario que México, Argentina sí planteó en la audiencia su preocupación por el caso de Víctor Saldaño, que lleva unos 18 años en el corredor de la muerte en Texas pese a haber sido condenado en base a un “estereotipo racial”, según denunció Julio Ayala, representante alterno argentino ante la OEA.

 

“Estamos seguros que vamos a ser testigos de la abolición de la pena de muerte como el siguiente gran paso en el derrotero de los derechos humanos”, sentenció Ayala.

 

En ese sentido, el representante de México pidió que más países del continente ratifiquen el protocolo aprobado en Naciones Unidas en 1989, que establece la abolición de la pena capital.

 

Dentro del continente americano, la pena de muerte sigue vigente hoy en Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Barbados, Guyana, Granada, Jamaica, Las Bahamas, y Trinidad y Tobago, si bien en algunos de esos países no se aplica debido a la imposición de moratorias.