El PRI en el Senado propuso eliminar del marco legal mexicano la figura de “testigos protegidos” y crear sólo la de “colaborador”, ante los procesos penales iniciados con base en declaraciones y acusaciones de delincuentes que carecían de veracidad.
El senador priista Omar Fayad Meneses presentó durante la sesión ordinaria de este jueves la iniciativa de reformas a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.
La propuesta también prevé modificaciones a las leyes General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos y el Código Penal Federal.
Fayad Meneses expuso que se plantea establecer y regular la figura de “colaborador” en los procedimientos judiciales, así como eliminar la figura de “testigo protegido” que, dijo, en el sexenio anterior se usó de forma excesiva y generó acusaciones sin sustento contra ciudadanos y funcionarios públicos.
En la iniciativa se define como “colaborador” a la persona que habiendo sido miembro de la delincuencia organizada accede de forma voluntaria a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, a fin de aportar pruebas conducentes para investigar, procesar o sentencias a otros miembros de la organización delictiva.
Para que un “colaborador” declare contra alguien no sólo será necesario su dicho, pues deberá aportar pruebas idóneas e indicios.
La propuesta de reforma del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contempla aplicar penas a los “colaboradores” que en sus declaraciones falten a la verdad y simulen pruebas que hagan presumir su responsabilidad y que además pretendan acogerse al Programa de Protección referido.
En caso de que el “colaborador” incurra en falsedad de declaraciones no recibirá ningún beneficio y, por el contrario, se le incrementarán las penas.
Asimismo se señala el procedimiento correspondiente que deberán seguir las autoridades en caso de que un colaborador exprese su voluntad de declarar y prestar ayuda.
Esos “colaboradores” podrán incorporarse al Programa Federal de Protección a Personas y se podrán separar de la población general de la prisión, a efecto de garantizar su seguridad.
También se determina que las víctimas, ofendidos y testigos relacionados con delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada tendrán derecho a la protección de las autoridades competentes. La iniciativa se turnó a comisiones para su análisis.