Zeferino Torreblanca Galindo, ex gobernador de Guerrero, solicitó un amparo  ante la posibilidad de que se haya girado alguna orden de detención en su contra, al saberse investigado por presuntas irregularidades cometidas en su gestión que superan los mil 300 millones de pesos.

 

El juicio quedó radicado en el Juzgado 14 de Distrito de Amparo Penal en el Distrito Federal, por lo que obtuvo una suspensión provisional, lo que impide que sea detenido si existe alguna orden de captura por delito no grave.

 

Como del trámite de amparo, se le fijo el pago de una garantía de 30 mil pesos, que deberá cubrir para que sea válida la suspensión provisional.

 

El juzgado solicitará a las oficinas jurisdiccionales que hayan sido notificadas  por el ex gobernador un informe sobre la existencia o no de una orden de captura, en caso de existir y de que haya sido emitida por delitos no graves, el amparo seguirá en trámite y en caso de no existir, el juicio se anulará.

 

El juez de Distrito, Francisco Javier Sarabia, fijo la audiencia constitucional para las 10:00 horas del próximo 28 de abril, mientras que el primero de abril se determinará si se concede o no la protección de la justicia federal.

 

La abogada, Karla Perea Mendoza, fue la encargada de promover el amparo 283/2014,  el pasado 24 de marzo, en contra de “la orden de aprehensión librada en mi contra”, por parte del Juzgado Primero Penal del DF.

 

“Vista la demanda de amparo, se admite en sus términos, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión, se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de abril de dos mil catorce, para la celebración de la audiencia constitucional”, se notificó a través de las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

 

La presunción de la orden de aprehensión en contra del ex funcionario deriva del  citatorio de la Contraloría del Gobierno de Guerrero para dar una explicación por la no comprobación de mil 300 millones de pesos del erario público estatal.

 

Se informó que dichos recursos fueron destinados en los  programas de la Secretaría de Salud del Gobierno de Guerrero, en el periodo 2005 a 2011, aunque no se han comprobado documentalmente.

 

De acuerdo con la información divulgada,  la Contraloría estatal  citó a comparecer a  Torreblanca Galindo para el próximo viernes 28 de marzo, aunque su representante legal podría asistir en su lugar.

 

Antonio Arredondo Aburto, contralor general de  Guerrero, informó que la posible comisión de los delitos se habría cometido al no comprobar los recursos, actos que  no han prescrito a  más de tres años que concluyó la  gestión de Torreblanca Galindo.

 

Por ello las investigaciones sobre el tema continúan y no sólo se limitan al ex gobernador, sino también a otros ex servidores públicos, y algunos de ellos ya han sido sancionados.

 

El funcionario dijo que con base en la supervisión de las cuentas públicas del estado, por parte del Órgano de Control Interno, ya se iniciaron cuatro averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República.

 

EL ANTECEDENTE

 

El 14 de agosto de 2012, la Contraloría General del Estado anunció que inició los procesos administrativos y las denuncias penales en contra del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por la falta de comprobación de más de mil 038 millones de pesos, con motivo de la construcción del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC) que albergaría las oficinas del gobierno estatal en el puerto de Acapulco.

 

El contralor general del estado, Julio César Hernández Martínez, indicó que en cumplimiento del Programa de Mejora Gubernamental 2005-2012 y en relación con el combate a la corrupción e implementación de la política de transparencia en el manejo y aplicación de los recursos públicos, se realizó una auditoría a la dirección general de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado por los periodos 2009, 2012 y 2011 relacionado con la obra en mención.

 

Agregó que como resultado de esta investigación, se detectaron observaciones financieras y físicas por un monto total de mil 38 millones, 674 mil 837 pesos, derivado de la auditoría CGE-SA-OA-026/2012.