Francisco Javier Rodríguez Borgio, dueño de caja Libertad Servicios Financieros, busca se le otorgue un amparo pues asegura que agentes de Interpol México intentaron detenerlo en su domicilio.
Ante el juzgado Primero de Distrito de Amparo en el Distrito Federal en Materia Penal, la defensa del empresario Rodríguez Borgio, socio de los principales accionistas de Oceanografía, promovieron un juicio de garantías a su favor.
En el expediente 293/2014, se reclaman violaciones a sus garantías ante una supuesta orden de captura.
De acuerdo al escrito presentado por sus abogados, el pasado 25 de marzo elementos policiacos de la corporación internacional “se presentaron en su domicilio para privarlo de la libertad”, reporta en su portal Semanario Zeta, de Tijuana.
“Señala que elementos policiacos de INTERPOL, se presentaron en su domicilio para privarlo de su libertad; sin embargo, del escrito de cuenta no se advierte el citado domicilio; lo anterior, para que este Juzgado se encuentre en posibilidad de fijar con precisión la competencia… Apercibido que de no cumplir con la prevención… se procederá conforme a lo previsto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo” detalla el expediente.
Francisco Javier Rodríguez Borgio y su hermano Oscar son investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por su sociedad con Amado Yáñez Osuna, socio mayoritario de Oceanografía, firma intervenida e investigada por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal por el gobierno federal.
El también dueño del casino Big Bola y de gasolinerías en Querétaro, enfrenta una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsificación de documentos y es indiciado en una averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR) por los ilícitos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Sin embargo en días pasados, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, aseguró que caja Libertad está libre de operaciones de “lavado”.
Tras comparecer ante diputados de la Comisión de Hacienda, Aguadé precisó que la caja popular cuenta con aproximadamente un millón 700 mil socios, “quienes pueden estar tranquilos de que su dinero es permanentemente vigilado y hasta ahora no ha sido mal utilizado”.