NACIONES UNIDAS. El canciller mexicano José Antonio Meade Kuribreña envío una carta al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en la que denunció que Estados Unidos viola fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los mexicanos condenados a pena de muerte en su territorio.
En la misiva, Meade indicó que el gobierno de México “desea hacer del conocimiento del Consejo de Seguridad la apremiante y grave situación que dicho incumplimiento representa, y se reserva el derecho que le asiste conforme al párrafo 2 del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas”.
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México hizo referencia a que un Estado puede recurrir al Consejo de Seguridad para que, si éste lo cree necesario, emita recomendaciones o dicte medidas con objeto de que se lleve a efecto la ejecución de un fallo que ha sido incumplido por una de las partes.
La misiva, fechada el pasado 20 de marzo y dirigida a la presidenta mensual del Consejo de Seguridad, la representante permanente de Luxemburgo ante la ONU, Sylvie Lucas, fue difundida este lunes entre sus 15 miembros.
Meade Kuribreña aseveró que el gobierno de México está “indignado por la ejecución de mexicanos en contravención a lo ordenado por la CIJ, y preocupado por el efecto negativo de esta situación en el régimen internacional de asistencia y protección consular”.
La sentencia de la CIJ, dictada el 31 de diciembre de 2004, se refiere al llamado “Caso Avena”, relacionado con el proceso penal de 51 mexicanos condenados a pena de muerte, cuyo derecho a notificación y asistencia consular no fue respetado, lo que contraviene el debido proceso internacional.
La CIJ impuso entonces a Estados Unidos la obligación de proporcionar, a través de los medios de su propia elección, la revisión y reconsideración de los veredictos de culpabilidad y de las sentencias de los mexicanos contenidos en el fallo.
En la carta, el gobierno de México apuntó que Estados Unidos no sólo ha incumplido el “fallo Avena”, sino que ya ha ejecutado en el estado de Texas a tres de los 51 mexicanos condenados a pena de muerte, sin que sus casos hayan sido revisados o reconsiderados.
Los mexicanos ejecutados son José Ernesto Medellín Rojas (2008), Humberto Leal García (2011) y Edgar Tamayo Arias (2014), además de que otro mexicano está programado para ser ejecutado el próximo 9 de abril, Ramiro Hernández Llanes.
Asimismo, Estados Unidos violó otro fallo, de julio de 2008, en que la CIJ dispuso que este país adoptara “todas las medidas necesarias” para asegurar que los mexicanos condenados a muerte en territorio estadunidense no fueran ejecutados hasta que sus casos fueran revisados y reconsiderados.
“Estos actos han causado un daño adicional a los derechos de México al amparo de la citada sentencia”, de acuerdo con la carta de referencia.
El gobierno de México agradeció los esfuerzos de los presidentes George W. Bush y Barack Obama, así como de algunos miembros del Congreso, de cumplir con los fallos dictados por la CIJ.
“Sin embargo, a 10 años de que la CIJ emitiera su decisión, el cumplimiento de ésta continúa pendiente”, enfatizó Meade.