El Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño, creado con la reforma de 2008 a Petróleos Mexicanos (Pemex)y que depende directamente del Consejo de Administración, debió alertar sobre las irregularidades detectadas en la asignación de contratos a Oceanografía por entidades externas a la paraestatal.
El comité, formado por los consejeros profesionales de Pemex, evitó desde 2009 mencionar las irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en sus evaluaciones de fiscalización, según lo marca la Ley de Pemex.
De acuerdo con la Ley, vigente desde noviembre de 2008, al Consejo de Administración se le confiere la responsabilidad de aprobar anualmente los dictámenes “de auditores externos, los estados financieros de la entidad, así como autorizar su publicación”.
Sin embargo, la misma ley señala que el Consejo, presidido por los secretarios de Energía y Hacienda, deberá contar con la opinión del Comité de Auditoría y Evaluación antes de aprobar dichos dictámenes.
El comité estuvo presidido desde 2009 por José Fortunato Álvarez y tuvo como miembros a Héctor Moreira Rodríguez y Fluvio Cesar Ruiz. Para abril de 2013, el Senado avaló a Jorge Borja Navarrete como nuevo consejero profesional, remplazando a Fortunato Álvarez.
A esos cuatro funcionarios, expertos en temas energéticos, la Ley de Pemex en su artículo 23 les da, entre otras, la responsabilidad de “programar y requerir en cualquier momento las investigaciones y auditorías que estime necesarias”.
Los consejeros profesionales, indica la misiva, pueden auxiliarse de órganos externos como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, incluso se detalla que ésta última tendrá a un representante en cada una de las reuniones del comité.
La ley continúa: “cuando de las investigaciones o auditorías se advierta la comisión de presuntas irregularidades o delitos, se dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control o a las instancias competentes del organismo”.
Según lo establece la ley que regula a Pemex, el Comité de Auditoría y Evaluación, dirigido por los consejeros profesionales de Pemex, debió conocer y alertar al Consejo de Administración sobre las deficiencias en la asignación de contratos a la empresa de Armando Yáñez como sobrecostos e irregularidades.
A Oceanografía le fueron asignados, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, 111 contratos por un monto superior a los 38 mil millones de pesos.
A pesar de que la ASF y la SFP detectaron irregularidades desde 2004, la empresa siguió recibiendo contratos.
Ignoran la ley
Desde 2009, el Comité de Auditoría ha generado 16 informes sobre los estados financieros de la paraestatal y sus riesgos, en ninguno de los cuales se menciona el caso de Oceanografía.
La Ley obliga al comité a “establecer un sistema de administración de riesgos que puedan afectar la situación y operación financieras de la entidad e informar periódicamente al Consejo de Administración”, en el cual, se debieron incluir las observaciones a la empresa naviera.
Sólo en su informe del 2012, se incluye un apartado que alerta sobre anomalías en Pemex Exploración y Producción (PEP) sobre “personal y proveedores actuando impunemente y fuera del marco legal, así como riesgos en el transporte marítimo de hidrocarburos”.
Aunque desde PEP salieron los 111 contratos a Oceanografía, el informe donde se mencionan esas irregularidades solo se limita a generalizarlas y no explica a detalle cuáles son los proveedores y personal “que han actuado impunemente”.
Según la ley, José Fortunato Álvarez, Héctor Moreira Rodríguez, Fluvio Cesar Ruiz, y recientemente, Jorge Borja Navarrete debieron conocer las fallas en la asignación de obras a Oceanografía y comunicarlas al Consejo de Administración.