Representantes de las Cámaras Empresariales expresaron su preocupación ante el contenido de la minuta de la Ley Federal de Competencia Económica, pues advierten que dota de amplias facultades a la Cofece y pone en riesgo la estabilidad de las empresas.
Al participar en un foro organizado en el Senado, para analizar el contenido de la minuta, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostuvo que el proyecto aprobado por los diputados fija un nuevo modelo con medidas “inéditas y sin parangón”, pues se pretende dotar de amplias atribuciones y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica por encima de las que tienen órganos reguladores de otros países.
“Todo eso apunta a que tengamos en México a uno de los reguladores más fuertes que pueden concebirse, con la capacidad de tomar decisiones de enormes consecuencias para los sujetos regulados”, advirtió.
En ello coincidió, Juan Pablo Castañón Castañón, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien sostuvo que el principal riesgo de fortalecer al órgano regulador sin poner límites legales a su actuación significa abrir la puerta a la discrecionalidad.
El dirigente patronal consideró necesario que la nueva Ley Federal de Competencia Económica garantice que se sancionará a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas, “independientemente de su tamaño o del grado de su participación en el mercado”.
Los líderes de CCE y Coparmex coincidieron en solicitar a los senadores una revisión profunda al contenido de la minuta que ahora procesan, sobre todo en lo que se refiere a las barreras de competencia y libre concurrencia, así como a las sanciones previstas para los casos de reincidencia de prácticas anticompetitivas al no estar claramente especificadas en el proyecto de ley.
Cabe destacar que el proyecto de legislación aprobada en San Lázaro, y hoy analizado por el Senado, busca sancionar hasta con 10 años de prisión y de mil a 10 mil días de multas a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas.
La razón de la reforma
La Comisión Federal de Competencia Económica también presentó sus solicitudes a los senadores, quienes prevén sacar esta Ley antes de que concluya el periodo ordinario.
Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Cofece, pidió a los senadores ser “cuidadosos” y no desvirtuar el sentido de la reforma constitucional en esta materia.
“Debemos ser cuidadosos porque se corre el riesgo de incluir ajustes que generen imprecisiones, contradicciones o que incluso desvirtúen la razón de ser de la reforma. Estamos ante una ventana de oportunidad que no debemos desperdiciar ya que los perjudicados serían los mexicanos”, declaró.
Tras los señalamientos del sector empresarial, Palacios Prieto defendió las bondades del proyecto al afirmar que la experiencia internacional ha demostrado, que una buena política de competencia puede reducir precios en el mercado hasta en un 40%. Esta ley, dijo tiene el potencial de incrementar el crecimiento del Producto Interno Bruto de manera sostenida en un 2.5%.
Empresarios y Segob pactan estrategia contra el mercado ilegal
Líderes empresariales, autoridades de justicia y la secretaría de Gobernación definieron una estrategia para combatir al mercado ilegal. El acuerdo de 10 puntos, incluye mayor vigilancia en aduanas, carreteras y una ofensiva contra el contrabando y la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, tabaco y medicamentos.
En una reunión privada en las instalaciones de Gobernación, el titular de esta dependencia, Miguel Osorio Chong, recibió a los líderes empresariales Francisco Funtanet Mange, de la Confederación de Cámaras Industriales; al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Cadiani; al titular de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana; al de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón, y al presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González.
Los empresarios y el Gobierno federal aprobaron el programa de trabajo para 2014 como parte de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal que conjuntamente tienen un intercambio de información, diseño y ejecución de operativos conjuntos dirigidos al combate a ilícitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, contrabando, adulteración, falsificación, alternación de bebidas alcohólicas y de medicamentos.
En la reunión, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, puso sobre la mesa la necesidad de que el sector empresarial incremente el número de observadores en las aduanas, ya que únicamente cuentan con 56.
“Ojalá pudiéramos tener más; sería algo extremadamente útil, porque las aduanas son un reto de operación diaria, y tener ojos independientes que velan por el interés de la economía nacional es algo que sí sirve”, destacó.
En tanto, Gutiérrez Cadiani, adelantó que los integrantes de la Comisión se comprometen a hacer todo lo que sea necesario para incrementar el número de observadores.
Después de la reunión, el líder empresarial sostuvo que el objetivo del pacto es combatir de manera frontal al mercado informal y generar mejores condiciones para la formalización.
A la reunión también acudieron el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y la Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez.
Los operativos
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, en el periodo de julio de 2013 a de marzo de este año, mil 28 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades por el delito de contrabando; se aseguraron más de un millón y medio de piezas y 19 mil kilogramos de mercancía de contrabando; 123 personas fueran puestas a disposición por delitos contra los derechos de autor y de la propiedad industrial, y 136 mil piezas de mercancía apócrifa fueron aseguradas.
En marzo de este año, las autoridades federales realizaron cuatro operativos conjuntos contra la adulteración de bebidas alcohólicas que resultaron en la suspensión de actividades a cuatro alcoholeras, por posible violación de medidas sanitarias en la producción de bebidas.