Magistrados y jueces federales exigieron mayor protección para desempeñar su trabajo, entre las medidas de seguridad demandan autos blindados y escoltas para ellos y sus familiares.
“Protección a través de vehículos blindados y escoltas. Las y los juzgadores, sus familias y personal auxiliar deben de gozar de esta protección en caso de que se la requieran, la cual podrá ser permanente o emergente”, indica el Protocolo para la Seguridad de las y los Juzgadores.
La presencia del crimen organizado transnacional, que ha ganado espacios a través de sus poder económico, es la amenaza constante para el trabajo de jueces y magistrados, lo que llevó Consejo de la Judicatura Federal a plantear el Protocolo Iberoamericano para Garantizar la Seguridad de las y los Juzgadores, como base de su independencia.
Como parte de este protocolo se plantea la reubicación voluntaria como medida cautelar en caso de que el juzgador y su familia estén en riesgo, y tengan que cambiar de residencia y adscripción. Ninguna de estas medidas preventivas deberá tener algún costo para los jueces y magistrados que soliciten la protección.
Dicho protocolo es el resultado de las inquietudes que ha planteado el Consejo de la Judicatura Federal en México durante las diversas reuniones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que actualmente se realiza en Chile.
“Un elemento a contrarrestar es el fenómeno del crimen organizado que, con el pertrecho de la ganancia ilícita, ha logrado tener la capacidad de desafiar a los Estados y a sus representantes.
“Los integrantes de los poderes judiciales ocupan una posición muy destacada, pero a la vez de alta exposición, lo que hace necesarios esquemas más afectivos de seguridad y protección”, es una de las justificaciones para crear el protocolo.
También se solicitan sueldos dignos con base a sus funciones, y que se eliminen las multas y costas en contra de los impartidores de justicia por el dictamen de sus resoluciones, así sean erróneas.
“La remuneración digna e irreductible permite a las y los juzgadores vivir de manera acorde a su investidura y responsabilidades, y les garantiza la posibilidad de dedicarse a su vocación con tranquilidad”.
Como parte de las garantías para realizar su trabajo piden que las denuncias y quejas infundadas en su contra sean sancionadas.
“Las denuncias anónimas sólo deben admitirse cuando se acompañe de prueba documental”, dice uno de los apartados del documento.
Además se propone que los jueces sean inamovibles en su cargo, salvo porque no aprueben las evaluaciones a las que deben estar sometidos.
El Protocolo es la respuesta a la preocupación regional derivada de las amenazas, extorsiones y aniquilamiento que grupos delictivos han perpetrado en contra de los representantes de los poderes judiciales de Iberoamérica.
“Un elemento a contrarrestar es el fenómeno del crimen organizado que, con el pertrecho de la ganancia ilícita ha logrado tener la capacidad de desafiar a los Estados y a sus representantes. Los integrantes de los poderes u órganos judiciales ocupan una posición muy destacada, pero a la vez de alta exposición, lo que hace necesario esquemas más efectivos de seguridad y protección”, establece la justificación de la propuesta del Protocolo.
A los trabajos del referido Protocolo, se sumaron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay y será aprobado en la Asamblea Plenaria de Presidentes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura, en Santiago de Chile.