A pesar de que las empresas declaradas como preponderantes por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), presentaron el recurso de amparo ante tribunales con el fin de impugnar las resoluciones de esta institución, ni el proceso regulatorio, ni las implicaciones negativas de esta legislación se detendrán.

 

“Los amparos simplemente se están aceptando, pero después de estos, no creo que se vaya a encontrar no preponderante a América Móvil”, dijo un analista cercano a estos procesos consultado por 24 HORAS, que pidió se mantuviera su identidad en el anonimato.

 

Entre estas empresas se encuentra América Móvil y sus subsidiarias, Telmex y Telcel, que presentaron por separado juicios de amparo en contra de la resolución del IFT, que las determinó como agentes económicos preponderantes en el sector de las telecomunicaciones debido a su relación con un grupo de interés económico conformado por AMX, Telcel, Telmex, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa.

 

“AMX ha sido informada que sus subsidiarias operativas Telmex y Telcel presentaron igualmente juicio de amparo en contra de dicha resolución”, dice el documento que envió al respecto la empresa de Carlos Slim a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

 

“No creo que echen hacia atrás nada en absoluto para decir que no es preponderante, más bien, lo que se podría estar retrasando a la legislación y su aplicación de manera concreta es la parte de la promulgación de las leyes secundarias”, explicó.

 

De acuerdo con el doctor Vicente Fernández, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, el origen de estos amparos es la Ley de Telecomunicaciones, en cuyo mandato faculta al IFT para hacer un estudio y en su caso hacer la declaración de preponderancia en el sector de radiodifusión, de televisión y telecomunicaciones, a las empresas que resulten con más del 50% del mercado.

 

“Ahora bien, las empresas de Grupo Carso, como Inbursa, impugnan y dicen: nosotros no intervenimos en telecomunicaciones, eso es absurdo”.

 

“La única vía para impugnar esto era un juicio de amparo, pero la interposición de estos juicios de amparo no suspenderán la ejecución de las resoluciones, esto ya está aplicado, por eso lo único que se dio a conocer es que los jueces de distrito admitieron el trámite  de las demandas, sin otorgarlo todavía”, detalló Fernández.

 

Anteriormente, los avances de estas resoluciones podrían ser impugnadas en juicios muy largos, en donde además eran otorgadas suspensiones.

 

“Un juicio de estos tarda un año, en aproximadamente un año estaríamos viendo una resolución definitiva de los juzgados sobre la resolución del IFT, misma que está apegada a la Constitución  y a los procedimientos estipulados”, dijo el experto.

 

Sin embargo, ninguno de los posibles resultados que otorguen estos procesos suspende las decisiones del IFT, tampoco suspende, ni interfiere en la actual discusión en el Congreso de las leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones.

 

“Algo que sí puede afectar la aplicación de la legislación en materia de comunicaciones es el retraso de la publicación de la legislación secundaria”, explicó un analista que solicitó el anonimato a este diario.

 

De acuerdo con este analista, muchas de las leyes secundarias que pueden estar siendo diseñadas podrían contraponerse a lo ya establecido a la constitución, que tiene más peso, pero que podría invalidar o no hacer procedentes algunos lineamientos.

 

Al respecto, Vicente Fernández, investigador del Tec de Monterrey, aclaró que las empresas que han interpuesto amparos, a pesar de conocer que nada de lo señalado en la ley será retirado, tampoco están “ganando tiempo” para negociar mejoras o posibles modificaciones en la ley secundaria de telecomunicaciones.

 

“No ganan tiempo, antes sí, por ejemplo, en el caso de las licitaciones, en el caso de Televisa que tiene que prestar sus señales de forma gratuita a otras empresas, o de Telmex y Telcel sus interconexiones a otras empresas a precios más bajos, todo eso no se va a suspender, lo tienen que hacer ya, pero el que hayan interpuesto un juicio, no les representa ningún beneficio”, concluyó el especialista.