Desde que Lázaro Cárdenas Batel estuvo al frente como gobernador de la entidad (2002-2008), Michoacán ocupó el primer lugar nacional en corrupción en sus instituciones de seguridad pública.
Además, según el Índice de Desarrollo Democrático de México, la violencia “imperante” generó pérdidas por un total de 10 mil 959 millones 128 mil 402 pesos entre 2007 y 2009.
Este trabajo —realizado por la fundación alemana Konrad Adenauer, con la colaboración del Colegio de México— señaló que parte importante de los pobladores de Tierra Caliente tuvieron que desplazarse por amenazas de narcotraficantes.
En 2010, ya con Leonel Godoy como gobernador, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reiteró que Michoacán se mantenía como la entidad con los índices de corrupción más elevados en sus corporaciones de seguridad.
Así, tanto la pobreza como la violencia fueron factores importantes en la contienda donde surgió electo el priista Fasto Vallejo Figueroa.
El Índice de Desarrollo Democrático de México indica que los comicios de 2011 estuvieron coartados por la participación de los grupos delincuenciales. “Se contabilizaron 18 municipios donde candidatos de diversas planillas fueron amenazados por integrantes del crimen organizado”.
Apenas a finales de 2013, empleados de la dirección general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán denunciaron presuntos actos de corrupción en la dependencia.
Revelaron la venta de cartas de antecedentes no penales por un monto de 35 mil pesos, la existencia de aviadores, trato inequitativo entre el personal, solicitudes para que se modifiquen dictámenes periciales y acoso psicológico, laboral y sexual.
En aquel momento señalaron como responsables de estas anomalías a la titular del Laboratorio de Química y Genética, Martha Guzmán Castañeda; al jefe del Departamento de Medicina Forense, Ramón Sixtos Guillén; al jefe del Departamento de Criminalística, Ricardo Montes Mógica, y a la jefa del Departamento de Química, María de los Ángeles Gudiño.
Apenas el fin de semana pasado fue arrestado y arraigado por la PGR el que fuera el secretario de gobierno de la entidad, Jesús Reyna García, por posibles nexos con Los Caballeros Templarios.