NUEVA YORK. La mayoría de las deportaciones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos son de personas que han cometido delitos menores o no tienen antecedentes policiales, a pesar de que la administración Obama afirma lo contrario, según el periódico The New York Times.
Dos tercios de los cerca de dos millones de deportados desde que el presidente Barack Obama llegó al poder en enero de 2009 “han cometido infracciones menores, incluyendo violaciones de tránsito, o no tienen ningún antecedente criminal”, señaló el periódico estadounidense citando un análisis propio de datos oficiales.
Los registros gubernamentales muestran que solo el 20% de los casos (unas 394 mil personas) involucran a gente acusada de crímenes graves, incluyendo narcotráfico.
The New York Times analizó más de 3.2 millones de deportaciones en 10 años, lo que permite comparar lo ocurrido durante el segundo mandato de George W. Bush (2001-2008) y los primeros cinco años de la administración Obama.
En ese sentido, el periódico afirma que el incremento más grande entre un gobierno y el otro fue en deportaciones de personas cuya infracción más seria era una violación de las normas de tránsito.
Estos casos pasaron de 43 mil durante los últimos cinco años de Bush a 193 mil en los primeros cinco de Obama.
Los datos revelan además la decisión de la administración Obama de procesar a quienes violaron las leyes de inmigración en Estados Unidos, en vez de devolverlos a sus países de origen sin cargos penales.
En el último año de gobierno de Bush más del 25% de los deportados que fueron detenidos en Estados Unidos sin antecedentes regresaron a sus países sin cargos penales.
En 2013 hubo procesamientos en más del 90% de los casos, lo que supone para los implicados una prohibición de volver a entrar en Estados Unidos por cinco años bajo la amenaza de ir a prisión.
Obama anunció a mediados de marzo una revisión de procedimientos para verificar si la política de deportación de inmigrantes ilegales podía ser conducida de forma “más humana”, luego de fuertes críticas por las expulsiones en masa.
El presidente responsabilizó al Congreso por el elevado número de deportaciones, alegando que no tenía otra opción que hacer aplicar la ley mientras el Poder Legislativo no aprobara una amplia reforma migratoria. AP