Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezados por Lorenzo Córdova, comenzaron los cabildeos para repartirse las ocho comisiones del órgano electoral, entre las que destacan la de fiscalización y registro de electores.
En su segundo día de trabajo en el INE, los ocho nuevos consejeros y los tres que ya habían estado en el IFE realizaron su primera reunión privada, en la cual, entre otros temas, comenzaron a negociar la asignación de las comisiones que integrarán al Instituto.
De acuerdo con información del nuevo órgano electoral, en caso de que los consejeros lleguen a un consenso, el próximo viernes podrían celebrar su segunda sesión de Consejo General donde presentarían y aprobarían el reparto de comisiones.
Entre las que están cabildeando se encuentran las comisiones de Capacitación Electoral y Organización Cívica, Organización Electoral, Quejas y Denuncias, Comité de Información y la Garante de la Transparencia y Acceso de la información.
Sin embargo, donde se discutirán los asuntos de mayor relevancia, derivados de la reforma electoral recientemente aprobada, son en la de Prerrogativas y Partidos, Registro de Electores y Servicio Profesional Electoral.
Nuevas facultades
Según el contenido de los cambios constitucionales en materia política y electoral, promulgados en febrero pasado, el INE tiene la responsabilidad de reformar cerca de 20 reglamentos para darle vida al nuevo sistema electoral.
Uno de los más relevantes es un nuevo modelo de fiscalización, en el cual, según mandata la reforma, el Consejo General -integrado por representantes de las siete fuerzas políticas nacionales y del Poder Legislativo- será el que se encargue de llevar a cabo todo el proceso de revisión de gastos y estados financieros.
Otra de las facultades que les confieren es romper con los secretos bancarios, fiduciarios y fiscales, pues en las sesiones públicas se discutirían los estados de cuenta de las fuerzas políticas.
El tema de la fiscalización es uno de los más polémicos, derivado de la última elección presidencial, en la que los siete partidos nacionales fueron multados con un monto global de 340 millones de pesos por rebasar los topes de campaña.
Por lo cual, conforme a lo aprobado en las leyes secundarias de la reforma, los consejeros, a través de comisiones como la de Prerrogativas y Partidos, tendrán la responsabilidad de analizar el Reglamento de Fiscalización para actualizarlo conforme a los mandatos de la reforma.
Otra de las tareas es decidir el futuro de las 800 mil credenciales de elector y, aunque esto deberá ser regulado en las leyes secundarias que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión, serán las comisiones del INE las que hagan obligatorio la validez de credenciales del extinto IFE.