PARÍS. Una disminución de los impuestos para estimular la economía, reducir a la mitad el número de regiones y la búsqueda de un euro menos fuerte que fomente las exportaciones fueron los principales puntos de su programa presentados por el nuevo primer ministro francés, Manuel Valls, ante los diputados.
Su Ejecutivo, nombrado la pasada semana como respuesta al fracaso electoral socialista en las elecciones municipales del pasado 31 de marzo, recibió el respaldo de 306 diputados (cuatro más que su antecesor, el también socialista Jean-Marc Ayrault) y el voto en contra de 239.
Valls apeló a devolver la confianza a los ciudadanos en un país del que alabó la “grandeza” y del que dijo que es “uno de los pocos que permiten a ciudadanos nacidos en el extranjero alcanzar las más altas funciones del Estado”.
Ese poder de arrastre de la quinta economía mundial fue lo que puso sobre la mesa para convencer a sus socios europeos de la necesidad de devaluar un euro que se ha revalorizado, dijo, un 10% desde 2012.
Veintidós meses después de la llegada de los socialistas al poder en Francia, con la conquista del Palacio de Elíseo por François Hollande, Valls pintó un sombrío panorama del país, con una situación económica oscura, un galopante desempleo y un crecimiento de los extremismos políticos que están poniendo en cuestión las reglas básicas de convivencia.
El hasta ahora ministro del Interior también expresó su inquietud por la amenaza terrorista global y por el incremento de la inseguridad en un país donde el número de robos crece desde hace un lustro, al igual que el tráfico de drogas, la delincuencia y los actos de racismo.
“Tengo la obligación de decir a los franceses la verdad”, dijo el nuevo jefe del Ejecutivo, resuelto a dar la vuelta a esa situación mediante un ambicioso programa reformista que persigue la eficacia.
Valls puso el acento en el llamado “pacto de responsabilidad”, la herramienta anunciada por Hollande a principios de año para reducir los impuestos empresariales a cambio de compromisos centrados en la creación de puestos de trabajo.
Esta ley, que no cuenta con el respaldo absoluto de los socialistas, iba a ser votada de forma autónoma, pero Valls decidió asociarla a la moción de confianza a su Gobierno, lo que generó algunas abstenciones de parlamentarios de su partido
El primer ministro anunció una reducción de las cargas sobre el trabajo en 30 mil millones de euros, entre ellas la supresión de las cotizaciones patronales para los trabajadores con salario mínimo, quienes además verán disminuidos sus impuestos, lo que les reportará 500 euros más al año.
También se bajarán las retenciones para ayudas familiares y las cotizaciones de los trabajadores independientes y autónomos.
En total, las empresas se ahorrarán 30 mil millones de euros, con los que podrán mejorar su competitividad y crear empleo.
Para financiar estas medidas, Valls anunció un recorte de 50 mil millones en el gasto público, que precisará en las próximas semanas.
Aunque apostó por mantener los compromisos de reducción del déficit público exigidos por la UE, se pronunció en contra de la austeridad y abogó por un equilibrio entre la estabilidad presupuestaria y las políticas de estímulo al crecimiento económico.