La Procuraduría General de la República, devolvió en su totalidad todos los bienes asegurados a Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas acusado por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita

 

En días anteriores los abogados de Yarrington recibieron física y legalmente los inmuebles ubicados, en la calle Nápoles, número 7, en el fraccionamiento Río, en Matamoros, Tamaulipas; otro predio en la calle de Rubén Darío número 15, y Mariano Matamoros, en la colonia Nápoles, del DF, valuados en seis millones de pesos.

 

Con ello, el abogado Diego Arévalo, aseguró que ya no hay ningún bien inmueble, ni cuenta bancaria aseguradas por la PGR como parte de las investigaciones e imputaciones que le hizo a su cliente por delincuencia organizada.

 

La devolución de sus bienes deriva de la determinación del Juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal, bajo el expediente 692/2012 determinó otorgarle la protección de la justicia para que le fueran devueltos sus bienes.

 

Dicha causa es en contra de la alerta migratoria, orden de cateo, y aseguramiento de cuentas, presentada el 06 de julio del año 2012, como parte de las investigaciones en su contra por parte de la Procuraduría General de la República, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada.

 

Cabe recordar que la defensa del ex gobernador, interpuso la demanda al considerar que los agentes federales catearon, intervinieron y aseguraron su residencia en el marco de una indagatoria por delincuencia organizada, sin contar con la orden judicial correspondiente.

 

La PGR ha enfrentó dificultades con este juicio de garantías desde un principio, ya que en cuatro ocasiones, el juzgado envió amonestaciones al Ministerio Público, porque entregó ilegibles los documentos en los que se sustentaban los cateos, inclusive le envió apercibimientos por no entregar las evidencias documentales sobre la legalidad del aseguramiento de las propiedades.

 

Actualmente, Yarrington se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 27 de febrero, cuando se le negó el amparo contra arresto que promovió por la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo cual podrá ser detenido en México o en 189 países más.

 

El ex gobernador es investigado por la PGR desde el 2009, luego de que testigos protegidos de la DEA lo señalaron, junto con otros políticos y empresarios de Tamaulipas como responsables de facilitar operaciones del Cartel del Golfo y Los Zetas, así como de lavado de dinero.