Argentina quedó paralizada ayer por una huelga nacional llevada adelante por los sindicatos más combativos que afectó el transporte público y de carga, la aviación comercial, el suministro de combustibles, hospitales y escuelas, entre otros, en demanda de mejoras económicas para los trabajadores en un contexto de creciente inflación.
“La jornad ha sido muy importante. La convocatoria para el paro nacional ha sido con un acatamiento altísimo y una adhesión importantísima, en algunas actividades más del 90% de los trabajadores”, dijo a periodistas, el sindicalista camionero Hugo Moyano, que pasó de ser un férreo aliado del gobierno a un gran rival al presentarse como el líder de la huelga convocada por el ala opositora de la Confederación General del Trabajo (CGT).
“Estamos interpretando lo que la gente quería expresar y esto quedó de manifiesto…Le pido encarecidamente al gobierno que preste atención a lo que expresa la gente, que deje de lado la soberbia, el maltrato a la gente”, insistió Moyano.
Decenas de miles de personas tuvieron complicaciones para llegar a sus trabajos o decidieron quedarse en sus casas debido a la huelga de 24 horas que transcurre en un contexto de creciente conflictividad social, producto en gran parte del impacto de la inflación en los salarios de los trabajadores.
Además del paro de trenes, autobuses y metro, la huelga forzó el cierre de muchas escuelas debido a que los alumnos y maestros no podían llegar y la atención fue limitada en los hospitales públicos.
Las calles de Buenos Aires presentaban mucha menor circulación de automóviles y bastantes negocios estaban cerrados pese a que el sector del comercio no adhirió a la medida por haber negociado ya aumentos de sueldo para este año. Otros sectores que no acataron el paro fueron el bancario y parte de la industria.
Juan Carlos Schmid, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, afirmó a periodistas que el acatamiento a la huelga era “muy fuerte” y desvinculó a los sindicalistas de los cortes de ruta realizados por manifestantes de izquierda.
“Son más de un millón de trabajadores los que han paralizado sus tareas”, señaló el gremialista.
Los huelguistas exigen negociaciones salariales en las que interviene el gobierno como árbitro sin topes máximos, la derogación del impuesto que se aplica a los salarios, un aumento a jubilados y pensionados y el reparto de los fondos que el Estado adeuda a las prestadoras de salud sindicales.
El jefe de gabinete Jorge Capitanich consideró a la medida “un gran piquete (corte) nacional y un paro de transporte” liderado por sindicalistas “que quieren sitiar ciudades como hacían los señores feudales en la Edad Media”. Agregó que responden al Frente Renovador, un sector del peronismo opositor a la presidenta Cristina Fernández.
Los líderes sindicales le respondieron que el funcionario “subestima” a la población y “desconoce la realidad” en la que, afirmaron, 35% de los trabajadores no están registrados. También aclararon que el paro no pretende desestabilizar al Ejecutivo sino denunciar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por una inflación que ronda el 30% anual y que se prevé que se acelerará este año, además de la reciente quita de subsidios en las tarifas de gas y agua.
La presidenta afirmó en la víspera que no son tantos los problemas. “Si todo estuviera mal, ¿qué son esos miles y miles de argentinos que yo veo en capital, cuando en los fines de semana no hay lugar en ningún restaurante?”.
En sus reivindicaciones, los huelguistas también exigieron que el gobierno combata la creciente delincuencia.
“Probablemente esto contribuya a recalentar el escenario social”, afirmó Giusto, cuya consultora contabilizó en marzo 656 cortes de rutas y calles dijo el consultor, para quien la inflación, la segunda más alta en la región después de la de Venezuela, sigue siendo el principal problema.
Los huelguistas se quejan de que los aumentos logrados en algunas negociaciones salariales se licuarán por el alza de precios y el impuesto a las ganancias en los sueldos.