CARACAS. La dirigente opositora María Corina Machado introdujo un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra el parlamentario Diosdado Cabello, por impedirle entrar a su lugar de trabajo en la Asamblea Nacional. Junto a su abogado, Tomás Arias, presentó también una solicitud de amparo cautelar para que, mientras el Tribunal responde al primer pedido, la diputada pueda entrar a la Asamblea.

 

Arias explicó que el impedimento a Machado de entrar a la plenaria de diputados «viola su derecho al debido proceso, en tanto y en cuanto ningún procedimiento se estableció para el fin de la medida». Afirmó, además, que la acción de Diosdado Cabello va en contra de los derechos políticos de Machado, ya que al ganar las elecciones a las que se postuló, «el Estado debe facilitarle el ejercicio de sus funciones y no conculcarle sus potestades y prerrogativas».

 

Cabello anunció a fines de marzo que la parlamentaria había perdido su condición de diputada por haber integrado la delegación panameña ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en calidad de representante alterna para intervenir en el Consejo Permanente del organismo, algo que finalmente no se produjo.

 

La decisión de Cabello fue posteriormente avalada por el TSJ, que dictaminó la extinción de la condición de diputada de Machado durante este periodo parlamentario.

 

Para emitir su fallo, el tribunal analizó los artículos 191 y 197 de la Constitución venezolana, que señalan que los diputados «no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales», y están obligados a cumplir su tarea con «dedicación exclusiva».

 

Después de ser recibida con aplausos y gritos de apoyo en las puertas del TSJ, María Corina Machado afirmó: «Los venezolanos sabemos que no hay justicia. He venido, como debemos hacer todos, para llevar un registro de los atropellos que ha cometido este régimen”.

 

Machado destacó que es «importante que quede evidencia de este atropello y las pruebas que así lo sustentan», algo necesario, dijo, «a los efectos de poder hacer algunas acciones fuera del país».

 

«El señor Cabello como un diputado más no tiene potestad alguna para desconocer esa realidad, ese hecho, por lo tanto seguiré trabajando como diputada trabajando dentro y fuera de país», señaló, al asegurar que la quieren «callar», «neutralizar» y «aniquilar».

 

Afirmó que «todos los días nuevos voceros del régimen» la acusan, amenazan y persiguen, y aseguró que la «siguen de cerca día y noche» integrantes de la Inteligencia venezolana (Sebin) y de otros cuerpos de inteligencia.

 

Desde el 4 de febrero, Venezuela vive una ola de protestas que iniciaron estudiantes de San Cristóbal (oeste) por la inseguridad, pero que se extendieron a otras ciudades con reclamos por la inflación anual de 57.3%, la escasez de productos básicos, la liberación de detenidos en las protestas y la represión de los cuerpos de seguridad. Además de los 41 fallecidos, las manifestaciones han dejado más de 600 lesionados y un centenar de detenidos, entre ellos, el dirigente opositor Leopoldo López y dos alcaldes antichavistas.