El dictamen de la Ley General de Delitos Electorales, elaborado por el Senado de la República, propone hasta seis años de prisión a los funcionarios públicos que condicionen la entrega de programas sociales a cambio de votar por un partido político.
La iniciativa, que será presentada en el paquete de leyes secundarias en materia político-electoral, también considera como delito el llamado “acarreo”, es decir, cuando personas o funcionarios trasladen a ciudadanos de forma masiva a eventos de precampaña, campaña o el mismo día de la votación, lo cual será castigado hasta con seis años de cárcel.
El documento, que se someterá a discusión en el pleno de la Cámara alta, busca sancionar la llamada “guerra sucia” entre aspirantes a puestos de elección popular, pues prevé castigar hasta con seis años de cárcel al funcionario partidista o candidato que “difunda noticias falsas durante el desarrollo de la jornada electoral o los resultados”.
De acuerdo con la reforma político-electoral, promulgada en febrero, el Congreso de la Unión tiene como fecha límite el 30 de abril para aprobar las leyes secundarias que den vida al Instituto Nacional Electoral (INE) y determinen los mecanismos del nuevo sistema de elecciones del país.
Ante ese escenario, las comisiones unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos tienen listo un dictamen de la Ley General de Delitos Electorales, la cual incluye sanciones para, a su juicio, malas practicas electorales que han causado polémica en anteriores elecciones y carecen de regulación.
Intromisión de gobiernos
Una de las principales propuestas abarca la supuesta intromisión de funcionarios públicos en los procesos electorales a través de la entrega condicionada de recursos públicos y programas sociales a cambio del voto hacía un partido o candidato.
En ese aspecto, el dictamen propone 400 días de salario mínimo de multa y hasta nueve años de cárcel para los funcionarios que obliguen a ciudadanos a asistir a actos de campaña o votar por algún candidato.
En la misma pena incurrirán ciudadanos o funcionarios que coaccionen el voto mediante el “cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas”.
Blindaje de recursos ilícitos
Una de las penas que más se endureció es la que corresponde al financiamiento de campañas con dinero de procedencia ilícita. De acuerdo con el dictamen, las personas que destinen y reciban aportaciones de dinero o en especie de manera ilegal alcanzarían los 15 años de prisión.
Los candidatos también podrían ser encarcelados hasta por nueve años cuando se les acredite la utilización de recursos públicos para realizar actos de campaña o la entrega de obras, servicios y programas sociales a cambio del voto.
Otra de las causas por las cuales alcanzarían prisión es por abstenerse “de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña”.
Turismo electoral
Por otra parte, el denominado turismo electoral será castigado hasta con seis años de cárcel para quienes “mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva” pidan a ciudadanos dar información falsa al INE con el fin de tramitar su credencial de elector en otro lugar diferente al de su residencia.
Los funcionarios públicos o integrantes de partidos que recojan credenciales durante la campaña o el día de las elecciones alcanzarían hasta tres años de prisión por el delito de tráfico de material electoral.
La misma pena aplicaría para quien sea sorprendido el día de las elecciones en posesión de boletas, urnas u otro material electoral, así como para quien realice proselitismo a favor de un candidato.