La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió para su análisis y discusión las controversias constitucionales que interpuso la Presidencia de la República en contra de las legislaturas de cuatro estados por omisiones en la homologación de sus leyes de educación con la reforma del año pasado.

 

El martes pasado, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea aceptó para su estudio la impugnación presentada por la invasión de competencia por parte de los poderes estatales de Chiapas, al emitir siete artículos en torno a la reforma.

 

Ayer se informó sobre la determinación de los ministros que estudiarán los casos de Oaxaca, Sonora y Michoacán, donde se han denunciado omisiones e invasión de competencias para aplicar la reforma.

 

La Corte informó que hasta el momento no hay acuerdos respecto a los términos en que se aceptaron las controversias, y que será en lo subsecuente cuando se detalle si alguno de los ministros puso alguna objeción a cada una de las impugnaciones, o les dieron trámite de forma lisa y llana.

 

El ministro Fernando Franco González Salas estudiará el caso de Michoacán, donde la Presidencia de la República reclamó la invasión de competencia de la Comisión Estatal para definir los estándares educativos para la supervisión, evaluación y acreditación de los maestros en el grado medio superior.

 

Mientras que Jorge Mario Pardo Rebolledo entrará en el estudio de la controversia más polémica, que es la de Oaxaca, donde la legislatura y el Poder Ejecutivo local han sido omisos para emitir las leyes secundarias, y proceder a aplicar las reformas educativas.

 

Alberto Pérez Dayán analizará el asunto de Sonora, donde se impugnaron 27 artículos de las leyes secundarias aprobadas en materia educativa, que presuntamente se contravienen a la reforma constitucional.

 

Arturo Zaldívar analiza si la Secretaría de Educación de Chiapas invadió competencias al emitir los criterios para la evaluación docente.

 

Luego del emplazamiento a juicio a los estados impugnados se elaborarán los proyectos de sentencia, y serán sometidos a la consideración del tribunal pleno sin que exista un plazo para ello; aunque se prevé que la Consejería Jurídica de la Presidencia solicite una resolución prioritaria de los asuntos.

 

Con la aceptación de la controversia, la autoridad emplazada tendrá 30 días para contestar sobre las quejas, posteriormente se entrará al periodo de presentación de pruebas y si hay elementos se formulará el respectivo proyecto para presentarlo ante el pleno de la Corte para su discusión.

 

Chiapas espera notificación

 

El Congreso de Chiapas analizará los señalamientos de la Corte respecto a su ley estatal de educación, antes de realizar algún cambio en la legislación recientemente modificada, aseguró Mirna Camacho, presidenta de la mesa directiva de la legislatura local.

 

En entrevista, explicó que hasta el momento no han recibido ninguna notificación y sólo conocen los señalamientos que hizo la semana pasada el consejero jurídico del Ejecutivo, Héctor Castillejos, cuando se anunciaron los juicios de controversia constitucional contra cuatro estados.

 

“Chiapas tiene una situación especial y en función a esta dinámica hemos sido cuidadosos y respetuosos tanto de la norma federal como de la situación política del estado. En ese sentido nuestro trabajo fue responsable y si la autoridad federal considera que hay alguna observación que considere que se incumplió un mandato federal, estaremos pendientes de la notificación”.