Mientras la discusión en el Senado de la República sobre las modificaciones a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión continúa, es importante llamar la atención sobre un aspecto que se ha tratado poco: la seguridad.

 

Ningún ciudadano está a favor de la censura o del espionaje (aunque se haga de manera ilegal permanentemente) pero estas reformas impactan en dos delitos que como sociedad nos están lacerando: extorsiones y secuestros. En ambos, la herramienta predilecta del delincuente es el teléfono celular y hay tres puntos que tocan las reformas que se deben tratar.

 

El primero. Ya se había logrado con anterioridad que cuando un usuario llama a reportar como robado o perdido su celular, al mismo tiempo que se suspende su línea se cancela el IMEI, el Código Único de Identificación Internacional del aparato, que lo inutiliza; sólo que ahora se pretende que este procedimiento ocurra nada más a solicitud expresa del titular.

 

Este cambio frena el avance logrado; ya existen los controles para evitar la cancelación maliciosa de los teléfonos con una serie de preguntas que garantizan que es el dueño del aparato el que lo cancela y no un tercero, y siendo la cancelación del IMEI una acción clara contra el mercado negro, no debe volverse burocrática y debe seguir siendo expedita.

 

Lo que sí debemos apoyar es penalizar a los operadores, proveedores de los equipos y a cualquiera que no cancele el aparato cuando se reporta o que lo clone o que lo duplique o que lo implante en otro aparato (“flexeo”).

 

En segundo lugar, es necesario poner responsables con nombre y apellido en los procesos de información autoridades-empresas. No puede ser cualquier Ministerio Público el que pida a un operador telefónico que le dé información en tiempo real sobre celulares presuntamente usados en delitos, eso es tanto como legalizar el espionaje en caso de que el servidor público no sea confiable o use los datos a favor de la delincuencia y no para su combate.

 

La propuesta del Consejo Ciudadano es que los procuradores de los estados, de la Federación, así como los comisionados nacionales de Seguridad y Antisecuestros sean las personas responsables del uso de este mecanismo.

 

Tienen que ser al menos 35 personas con nombre y apellido que estén sujetas a la rendición de cuentas, a la par de aquellos que designen como responsables directos, para que de esta forma quien haga mal uso de las nuevas atribuciones afecte a los titulares y éstos sean además corresponsables. Ello evitará que se haga uso indebido de nuestra información, nuestras conversaciones y nuestras líneas telefónicas.

 

Otro aspecto que es necesario quitar de la reforma es la obligación de que un empleado de una compañía telefónica deba registrar su nombre y dirección como responsable de dar la información a una autoridad, en los casos que se presuma el empleo de un celular en algún acto delictivo. Ya hubo un caso de una compañía donde tristemente los dos responsables de dar la información renunciaron, porque resultó que la autoridad que les pedía los datos era la misma que estaba implicada en los secuestros que investigaba.

 

¿Quién querrá el cargo? ¿Cómo garantizamos que no los compre o amenace el crimen organizado?

 

Se deben establecer departamentos con atención 24 horas, los siete días de la semana, para que den esta información, con garantías de confidencialidad, porque de lo contrario se transfiere a particulares la responsabilidad de un servidor público, sin ninguna de sus atribuciones.

 

Un tercer punto es el tema de los bloqueadores en las cárceles. Los responsables de su uso pueden ser las compañías telefónicas, ya que las autoridades estatales y federales no han logrado frenar las llamadas al interior de los penales. Son juez y parte en este rubro y por ello se requiere que las mismas compañías, afectadas por el sabotaje de los bloqueadores que se hace en los centros de readaptación social, tengan la facultad de llevar a cabo los ajustes técnicos para que no salga ninguna llamada. Tiene que haber además una institución independiente a los penales que esté supervisando este bloqueo y lo audite la propia sociedad civil.

 

Durante el foro al respecto organizado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Alta, tuvimos la oportunidad de plantear estas propuestas. Hoy las volvemos a compartir, porque si no beneficiamos directa y efectivamente a la ciudadanía con estas reformas, serán solamente una lista más de buenas intenciones, pero mal implementadas.

 

*Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México