PARÍS. El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció una leve suavización de su programa de recortes para los próximos tres años en un intento de atraerse el máximo posible de apoyos de su propio partido en la votación consultiva que tendrá lugar hoy en el Parlamento.

 

Sabedor de que el ala izquierdista del Partido Socialista (PS) rechaza los ajustes de 69 mil millones de dólares entre 2015 y 2017 anunciados el pasado día 16, Valls avanzó medidas destinadas a los pensionistas y funcionarios más modestos.

 

Con esos gestos, el jefe del gobierno pretendió calmar al sector más moderado de su partido, aunque no respondió al ala más radical, que reclama una reorientación más general de la política económica.

 

Resta por ver cuánto pesa dentro del PS ese sector crítico, algo que quedará patente en la votación de hoy, consultiva y no vinculante para el gobierno pero que ha cobrado una enorme importancia como factor de legitimación de su política.

La congelación de pensiones anunciada en su plan de recortes, explicó Valls en una carta enviada a los diputados socialistas, no incluirá a las que estén por debajo de mil 600 dólares, lo que afectará a 6.5 millones de jubilados.

 

Además, 1.2 millones de funcionarios, los que tienen los salarios más bajos, tendrán una apreciación del mismo de 600 dólares anuales, con lo que soportarán mejor la congelación anunciada.

 

Los empleados públicos obtuvieron también el compromiso de revisar anualmente sus estancados sueldos en función de la situación económica del país.

 

Finalmente, Valls cedió en lo referente a la subida del subsidio de las personas sin ingresos, que había previsto no aplicar hasta septiembre del año próximo y que se aplicará doce meses antes.

 

A todo ello se suma el compromiso de que, tras las elecciones europeas, el presidente, François Hollande, peleará en Bruselas por un cambio en la política monetaria para combatir la fortaleza del euro que mina la competitividad exterior de los europeos.

 

Se trata de “pequeñas medidas simbólicas” que no cambian en lo esencial el plan, según afirmaron algunos de los diputados díscolos, que aunque reconocieron que suponen “un avance”, anunciaron su voto en contra para “mantener el diálogo” con el Ejecutivo.

 

Con los 69 mil millones de dólares obtenidos de la no revalorización de la mayor parte de las pensiones y salarios de funcionarios y del recorte de ciertos servicios públicos, el primer ministro pretende, ante todo, financiar su plan de reducción de tasas patronales.