WASHINGTON. Ninguna de las modificaciones a la política de deportaciones que adopte el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson logrará disminuir la controversia que rodea al tema migratorio ante la ausencia de una reforma legislativa, concluyó un centro de estudios en un informe difundido ayer.
Expertos del Instituto de Política Migratoria advirtieron que sin una reforma legislativa no se resolverá el dilema fundamental que enfrenta el gobierno de Barack Obama: cómo velar por el debido cumplimiento de las leyes migratorias y al mismo tiempo proteger a las comunidades inmigrantes del daño causado por un sistema estricto.
La directora del Instituto de Política Migratoria Doris Meissner dijo al presentar el reporte de su autoría que uno de los ajustes sobre la mesa en este momento es definir mejor cuáles son los crímenes severos que ameritarían la deportación de un inmigrante no autorizado.
Meissner mencionó como ejemplo las infracciones de tránsito y dijo que una posibilidad es que conducir en estado de ebriedad sea considerado un delito grave, pero no así otras faltas como un faro defectuoso en el auto.
La experta agregó que le sorprendería mucho la adopción de otras propuestas, tales como eliminar de la lista de crímenes graves el reingreso ilegal a Estados Unidos o expandir la suspensión de deportaciones adoptada en 2012 por la Casa Blanca a algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, debido al impacto que podría tener en la negociación legislativa.
“No hacemos recomendaciones en este informe. Solamente evaluamos las propuestas principales y examinamos sus ventajas y desventajas”, indicó.
Johnson estudia actualmente la posibilidad de limitar la deportación de inmigrantes que residen sin permiso en Estados Unidos y que no tengan antecedentes penales peligrosos, como parte de una evaluación ordenada por Obama.
Otras posibilidades mencionadas por el reporte incluyen brindar mayor supervisión judicial durante el proceso de deportaciones, un análisis más cuidadoso de inmigrantes no autorizados que tengan vínculos sólidos con Estados Unidos y uniformar aún más los grupos sobre los que se debe aplicar la ley migratoria con más prioridad.
El Congreso mantiene en el limbo la reforma migratoria, mientras la Casa Blanca contempla la posibilidad de una acción ejecutiva.
En los primeros cinco años de su presidencia Obama deportó a cerca de dos millones de indocumentados, casi la misma cifra que durante los ocho años de George W. Bush (2001-2009).
Senado estudia matrícula reducida
En tanto, el Senado de Florida está analizando una matrícula universitaria reducida para ciertos graduados de secundaria en Florida en situación inmigratoria irregular.
Haciendo caso omiso de sus propias normas, la cámara acordó el martes discutir el proyecto de ley antes del fin del período de sesiones. No hubo objeciones a la moción del senador republicano John Thrasher.
La reducción de la matrícula para los estudiantes que residen en el país en situación irregular ha dividido a los republicanos durante el actual período de sesiones.
La Cámara de Presentantes aprobó la medida, pero muchos senadores republicanos se oponen a ella. Sin embargo, el gobernador republicano Rick Scott pidió al Senado que debata el proyecto.
Por el contrario, en Virginia el procurador, Mark Herring, dijo a las universidades estatales que pueden otorgar la matrícula reducida de los residentes del estado a miles de estudiantes que hasta ahora no tenían acceso a ella debido a su estatus inmigratorio irregular.
En el pasado, la procuraduría había advertido que los estudiantes que entraron al país ilegalmente no podían acceder a la matrícula reducida aun cuando en el momento de su ingreso al país hubieran sido niños.
Herring dijo que los estudiantes tienen derecho a la matrícula reducida bajo una ley del gobierno federal sobre el estatus inmigratorio especial de jóvenes que fueron traídos al país cuando eran niños.