Tres de los más importantes grupos humanitarios y civiles en Estados Unidos pidieron hoy al gobierno de este país que suspenda las sentencias de pena capital, tras la fallida ejecución del reo Clayton Lockett en el estado de Oklahoma.

 

La muerte de Lockett -que falleció 40 minutos después de que se le aplicaron las inyecciones letales- y que recobró la conciencia para decir “hombre (…) algo está mal”, fue además calificada por el grupo Human Rights Watch (HRW) como “tortura de Estado”.

 

HRW llamó a la pena de muerte una práctica “bárbara” y, en específico, calificó la ejecución de Lockett como el resultado de “un horripilante experimento” con métodos e inyecciones letales que no habían sido aparentemente probadas con anterioridad.

 

“Las personas sentenciadas por crímenes no deben ser sujetos de horripilantes experimentos de Estado. La fallida ejecución de ayer en la noche no fue otra cosa que tortura sancionada por el Estado”, expresó Antonio Ginatta, directivo de HRW en Estados Unidos.

 

Por su parte, el capítulo de Amnistía Internacional (AI) en Estados Unidos expresó que la fallida ejecución de Lockett es otra razón por la que las autoridades en el país deben imponer “una moratoria inmediata en ejecuciones judiciales” y trabajar por abolir este “castigo invariablemente cruel”.

 

Rob Freer, investigador de AI en Estados Unidos, recordó que la ejecución de Lockett está lejos de ser la única que ha fallado, y explicó que se han documentado más de 36 ejecuciones en el país que no han salido como se planearon.

 

“Lo que pasó anoche a Clayton Lockett conmociona bajo cualquier parámetro, pero está lejos de ser la primera ejecución fallida en Estados Unidos, sea por electrocución, asfixia o inyección letal”, indicó Freer.

 

Mientras tanto, el capítulo de Oklahoma de la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU) criticó que las autoridades del estado hayan llevado a cabo lo que llamaron “un experimento científico” para matar a un ser humano, y pidieron investigar el incidente.

 

Ryan Kiesel, director de ACLU en Oklahoma, consideró que el estado ha caído en desgracia a los ojos del país y del mundo entero, y criticó que las autoridades locales no hagan público las sustancias empleadas para la ejecución de Lockett.

 

De acuerdo con AI, Estados Unidos ha ejecutado desde enero de 1977 a casi mil 400 hombres y mujeres sentenciados a la pena capital.