La Presidencia de la República presentó dos nuevas demandas de controversia en contra de los poderes ejecutivo y legislativo de Zacatecas y Baja California debido a que sus leyes de educación contravienen la reforma constitucional en esta materia.
Con ello suman ya seis estados los señalados por fallar en la homologación legislativa. El 15 de abril el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, en representación del Presidente presentó cuatro demandas de controversia constitucional contra Oaxaca, Michoacán, Sonora y Chiapas.
Este jueves, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que en el caso de Oaxaca la demanda se presentó por la omisión de legislar en materia educativa acorde con la Constitución. Respecto de las otras tres entidades, por aprobar leyes que no se armonizan con la reforma educativa al contravenir la Constitución y las leyes generales respectivas.
En el caso de Baja California, señaló que la Ley del Servicio Profesional Docente aprobada por el Legislativo estatal invade las facultades que la Constitución le otorga al Congreso Federal.
“Con estas controversias el Gobierno de la República busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa”.
La finalidad de las controversias es que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación las considera fundadas, se obligue a los legislativos de dichas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a la Constitución.
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió para su análisis y discusión las primeras cuatro controversias presentadas.
Con la aceptación de la controversia, la autoridad emplazada tendrá 30 días para contestar sobre las quejas, posteriormente se entrará al periodo de presentación de pruebas y si hay elementos se formulará el respectivo proyecto para presentarlo ante el pleno de la Corte para su discusión.