El Estado de Quintana Roo se convirtió en la primera entidad en regular las marchas y protestas sociales en los espacios públicos, lo que para activistas y oposición representa una violación a la libre manifestación de ideas.
La regulación que alcanzó mayoría de cinco fracciones en el Congreso local, obliga a las autoridades a atender de manera inmediata, a través de mesas de diálogo y negociación, las inconformidades de quienes pretendan realizar algún acto público de protesta que deberá pedir permiso con 48 horas de anticipación.
También permite a las autoridades disolver las concentraciones que así decidan.
El objetivo de la ley, exponen, es anteponer el bien común que significa proteger al turismo, principal motor de la economía de la entidad.
La Ley de Ordenamiento Cívico, fue presentada por el Ejecutivo estatal en marzo, y ante un amplio rechazo de la sociedad civil, el congreso modificó la minuta para aprobarla ayer 30 de abril.