Mañana concluye el arraigo original de 40 días que un juez concedió en contra del empresario Amado Yáñez, propietario de la empresa Oceanografía SA, para que se le investigara por un fraude de más de 400 millones de dólares. Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha procedido penalmente en su contra.
Autoridades federales consultadas por 24 HORAS indicaron que los fiscales del caso se encontraban en el análisis de varias pruebas, y que posiblemente hoy se daría a conocer una postura oficial del caso.
Extraoficialmente se manejó que Armida Buenrostro Martínez, Jueza Séptimo Especializada en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, amplió por 40 días más, a petición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la medida cautelar dictada que está por expirar. Esto extendería el arraigo hasta la segunda semana de junio.
Yáñez, se encuentra en un fraccionamiento de Acapulco desde que se ordenó su arraigo domiciliario en marzo, bajo vigilancia de la Policía Federal Ministerial.
A lo largo de las últimas semanas, ha entregado a los fiscales múltiples documentos sobre los contratos que realizó su empresa con Petróleos Mexicanos, y ha sido interrogado sobre el posible involucramiento de personal de Banamex en los créditos irregulares que le fueron concedidos.
Como parte de este mismo caso, también se buscaba clarificar la posible responsabilidad por acción u omisión de por lo menos 14 ex funcionarios de Pemex Exploración y Producción que facilitaron los contratos a Yáñez.
Asuntos pendientes
De acuerdo con las fuentes consultadas, se han practicado o están en marcha más de cien diligencias de distinto tipo en torno a la averiguación desde verificaciones contables y bancarias, hasta la toma de declaraciones de testigos. El caso se trabaja en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la secretaría de Hacienda.
Cabe recordar que la SEIDO indaga si además del fraude hubo comisión de delitos como delincuencia organizada o lavado de dinero.
Una vez que concluya el arraigo la PGR debe definir si procede penalmente en contra del empresario, o si por el contrario, determina no ejercer acción penal en su contra y dejarlo en total libertad.
Este caso penal es paralelo al proceso civil que la PGR y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) impulsaron para someter a concurso mercantil a la empresa Oceanografía, y que se encuentra radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal.