En la respuesta  del gobierno federal a las preguntas públicas del cineasta Alfonso Cuarón, está sintetizada la polarización que provoca la reforma energética en la sociedad mexicana: por un lado, la visión oficial, compartida por algunos sectores sociales, que dice que las cosas en el país cambiarán por decreto y que las nuevas leyes, por si solas, traerán prosperidad y empleo al abrirse el sector energético a la iniciativa privada; y por el otro lado, la parte de la sociedad que, escéptica y decepcionada de las privatizaciones anteriores, considera que esta reforma sólo enriquecerá a las grandes empresas nacionales o extranjeras con los recursos energéticos de la nación.

 

Son dos visiones de un mismo tema. La primera, el discurso oficial con el que el presidente Peña Nieto ordenó responder a Cuarón a través de un comunicado de las secretarías de Energía y Hacienda, y que se basa en proyecciones y escenarios óptimos en los que las pendientes leyes energéticas, que aún no son aprobadas en el Congreso, entrarían en vigor y se aplicarían de manera tan eficiente y efectiva -en un país donde la vigencia de la ley no es lo común- que en dos años de vigencia, es decir para el 2017, se comenzarían a ver sus beneficios en forma de la reducción de tarifas de luz y gas y en la creación de al menos 500 mil nuevos empleos.

 

La otra visión, representada por las dudas de Cuarón y por sectores políticos y sociales que han rechazado la reforma, dice en cambio que la experiencia de los mexicanos con las privatizaciones y la apertura de sectores públicos al sector privado demuestra que ésta no ha sido siempre la más benéfica para los ciudadanos ni para los consumidores y usuarios de servicios. Por más que las leyes hayan establecido en su momento que las telecomunicaciones se volvían privadas para mejorar los servicios, promover la competencia y disminuir tarifas, por ejemplo, la realidad es que 25 años después de que el capital privado se hizo cargo de esos servicios, ni bajaron las tarifas, ni se tiene un servicio óptimo para los consumidores en telefonía e internet.

 

La visión oficialista parte de que el cambio del marco legal y el dinero privado, nacional y extranjero serán suficientes para detonar un mercado que, junto con las ganancias millonarias que dejará para las trasnacionales petroleras, tendrá un efecto positivo en la economía de los mexicanos que, a partir de que operen las nuevas leyes -dos años es el plazo mínimo que establece el gobierno- sentirán los beneficios de compartir recursos nacionales como el gas y el petróleo con el capital privado. La visión crítica cree que la corrupción, las prácticas ilegales y el interés económico privado, prevalecerán por encima del interés social, de tal modo que no ve garantías en la reforma de que la sola apertura energética al capital privado, detonará beneficios que no sean únicamente para las grandes empresas y los empresarios que invertirán en el sector.

 

Para el gobierno, según las respuestas de Los Pinos, los nuevos órganos reguladores que se crearán a partir de las reformas secundarias que ya fueron entregadas al Senado, serán suficientes para regular a las grandes compañías petroleras que vendrán a invertir al país y garantiza una rectoría estatal tanto en materia de explotación de energéticos como en el cuidado del impacto ambiental que las perforaciones petroleras y gaseras tendrán en el medio ambiente. Para quienes comparten las dudas de Cuarón, la realidad institucional mexicana no muestra hasta ahora órganos autónomos tan fuertes y confiables como para contener a gigantes como las firmas petroleras mundiales que podrían rebasar a la autoridad nacional.

 

Hay dos puntos abordados por el cineasta que no quedan suficientemente respondidos en el comunicado gubernamental: el relativo a la corrupción del sindicato petrolero y al enriquecimiento descarado de sus líderes como Carlos Romero Deschamps, en el que el gobierno se limita a señalar las nuevas reformas de transparencia que permitirán fiscalizar las aportaciones de dinero público al sindicato y a que éste ya no estará en el Consejo de Administración de Pemex. ¿Y la fortuna amasada ya por Romero Deschamps y la corrupción de más de 70 años permanecerán impunes?

 

El otro punto al que no contesta de lleno el gobierno peñista es a la pésima experiencia de los mexicanos con un gran número de privatizaciones realizadas en el país en las últimas décadas: desde las autopistas carreteras, hasta las telecomunicaciones, el sector bancario o los trenes. En ninguno de esos casos hubo un gran beneficio social que hoy se pregona con la reforma energética y si grandes beneficios económicos que se quedaron en las manos de unos cuantos empresarios nacionales y extranjeros. En la respuesta de Los Pinos está implícita la visión optimista de que la suya será una privatización exitosa y diferente a todas las que hemos conocido los mexicanos. En el escepticismo de la otra visión está contenida la realidad que aún hoy nos dice que la riqueza y los grandes beneficios son para unos cuántos que lucran con los recursos nacionales ¿Cuál de las dos visiones tendrá la razón?