WASHINGTON. El centro de estudios bipartidista The Constitutional Project aconsejó el uso de inyecciones letales de un solo componente para las ejecuciones en Estados Unidos por su menor riesgo de error al administrarla, en un informe divulgado hoy.

 

Esta es la principal de las 39 recomendaciones que se incluyen en este documento, que presenta una amplia revisión de la pena de muerte, desde el arresto a la ejecución, elaborado por un grupo de expertos legales que cuenta con partidarios y oponentes de la pena capital.

 

La publicación de este informe llega una semana después de la accidentada ejecución de un preso en Oklahoma, que murió más de 40 minutos después de recibir la inyección letal, tras sufrir convulsiones y aparentemente de un ataque al corazón, un caso que ha provocado una gran polémica en Estados Unidos.

 

«Las jurisdicciones deberían confiar en el más actual conocimiento científico para desarrollar protocolos que minimizan el riesgo de dolor o sufrimiento, que actualmente demanda la adopción de un protocolo de un fármaco», se lee en el informe.

 

Los expertos piden así que los estados de EU que aplican la pena de muerte usen una amplia dosis de un anestésico o barbitúrico, lo suficientemente grande como para causar la muerte.

 

Según detallan, las inyecciones que emplean tres medicamentos diferentes (un barbitúrico, un agente paralizante y un electrolito que detiene las células cardíacas), que se utilizan en la mayoría de estados -y que también se empleó en Oklahoma la semana pasada-, «crean un alto riesgo de incorrecta administración o anestesia».

 

De este modo, añaden, si la anestesia no se realiza de forma adecuada, los medicamentos no tienen las dosis correctas, o las inyecciones no se administran con precisión, existe riesgo de que la ejecución sea dolorosa.

 

En el informe se cita el caso de Oregón, el único estado de EU que ha legalizado el suicidio asistido por médicos, en el que los pacientes toman una sobredosis de barbitúricos.