El gobierno federal tendrá que resarcir los daños causados a aquellas personas a las que se les hayan violado sus garantías individuales no sólo cuando alguna instancia internacional o nacional de derechos humanos dicte sentencia, sino también cuando emita alguna recomendación, de acuerdo con las nuevas reglas del Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos.
Según el nuevo ordenamiento jurídico, que está en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el Estado deberá reparar las violaciones de derechos humanos dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y medidas cautelares dictadas por las comisiones Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como los daños señalados en recomendaciones de estos organismos, algo nuevo en la operación de dicho fideicomiso.
El fideicomiso es la herramienta con la que se cubren las reparaciones de daños a personas que sufrieron alguna violación de sus garantías individuales. Fue constituido en octubre de 2012 para cubrir las reparaciones y medidas provisionales dictadas en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como medidas cautelares dictadas por la CIDH y la CNDH.
No obstante, hace unas semanas se formalizó la modificación a los fines de este fondo con el fin de incluir además las soluciones amistosas, reparaciones derivadas de las recomendaciones y resoluciones que emitan la CIDH o los órganos de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones que emita la CNDH.
Para tal efecto, el fideicomiso contará con la aportación inicial de un millón de pesos, provenientes del presupuesto de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe el gobierno federal y donaciones provenientes de cualquier persona física o moral.