Después de 15 meses de una insurrección civil armada en Michoacán, el gobierno federal anunció que a partir del próximo lunes, todo ciudadano de ese estado que porte armas sin registro, será considerado un “delincuente”. Con esta declaración del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se busca poner fin al complejo fenómeno de los grupos de Autodefensas, que llegaron a controlar los territorios de más de 30 municipios michoacanos en las regiones de Tierra Caliente, la Meseta y el occidente del estado.
Terminaría así un fenómeno complejo que, si bien ayudó a recuperar territorios y comunidades y actividades productivas que estaban en poder del narcotráfico, se realizó a través de grupos paramilitares que surgieron, crecieron y se consolidaron al margen de la ley y que llegaron a acumular tal poder que se rebelaron al gobierno y siguieron tomando municipios y se negaron por varios meses a someterse al desarme que ya habían firmado desde el 27 de enero de este año.
El mismo gobierno de Enrique Peña Nieto que hoy emplaza al fin de estos grupos, tuvo por momentos posiciones vacilantes y ambiguas que le valieron duras críticas a nivel nacional e internacional porque en algún momento se mandó el mensaje de que la autoridad federal alentaba y cobijaba a estos grupos armados como “aliados” para enfrentar al narcotráfico.
Desde que en los municipios de La Ruana y Tepalcatepec surgieron, en febrero de 2013, los primeros grupos de Autodefensas que comenzaron a avanzar armados sobre territorios y comunidades, la opinión pública se dividió sobre este fenómeno. Por un lado, las historias de terror y desesperación que vivieron pobladores michoacanos a manos del crimen organizado, en concreto de Los Caballeros Templarios, justificaba que estos grupos, formados en su mayoría por agricultores, comerciantes y empresarios de las regiones, se defendieran ante la incapacidad y el olvido de los gobiernos municipal, estatal y federal. Pero por otro lado surgía el cuestionamiento a la portación ilegal de armas y al uso de la fuerza como mecanismo de defensa, al tiempo que afloraban una composición diversa de estos grupos en la que también aparecían ex narcotraficantes, migrantes con antecedentes delictivos y en algunos casos personajes ligados a cárteles rivales de Los Templarios como el de Jalisco Nueva Generación.
La división en la sociedad también se manifestó en un dilema de las autoridades. Mientras el gobierno estatal de Michoacán, responsable de que la población civil se armara, los cuestionaba y descalificaba, en el gobierno federal parecía haber cierta tolerancia ante un legítimo derecho de defenderse. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, reconoció en noviembre de 2013 que dialogaban con los grupos de autodefensa y aceptó un encuentro con el que entonces era su líder, José Manuel Mireles. La ola de críticas que desataron sus declaraciones, llevaron al funcionario a cambiar el discurso, mientras los guardias comunitarios seguían avanzando sobre el territorio michoacano.
En enero de 2014 la violencia desatada por la toma de municipios como Parácuaro y Nueva Italia, llevó al gobierno federal a cambiar de posición. “Las Autodefensas están al margen de la ley”, declaró el secretario Osorio y anunció un nuevo operativo federal para retomar el control de Michoacán con la creación de una Comisión federal encabezada por Alfredo Castillo. El nuevo comisionado federal comenzó a dialogar con las Autodefensas y para el 27 de enero se firmó el llamado Acuerdo de Tepalcatepec en que los grupos comunitarios se comprometían a no tomar más municipios, a registrar sus armas y a transformarse en “guardias rurales” bajo el mando del Ejército mexicano.
Nada de eso se cumplió: surgieron más Autodefensas y el registro de armas fue tomado a burla por estos grupos que siguieron acumulando territorios y poder. Para abril de este año, el comisionado Castillo reconoció que la estrategia con las Autodefensas había fracasado y anunció cambios. Vino entonces una pugna interna entre estos grupos y la detención de Hipólito Mora, acusado de participar en el asesinato de dos personas. Surgieron denuncias de infiltración del crimen en las Autodefensas a través de personajes como Simón “El Americano”, y la política gubernamental se endureció.
El 14 de abril en La Ruana, el comisionado federal firmó con el Consejo de Autodefensas un acuerdo que estableció como plazo el 10 de mayo para que registraran sus armas y se convirtieran en “fuerza rural” a cargo del gobierno del estado, que se encargará de realizar labores de vigilancia en comunidades, caminos y carreteras en coordinación con la Policía Federal. Y aunque en el acuerdo no aparecía la palabra “desarme”, el gobierno federal lo tomó como un plazo fatal que se cumple este sábado. Hasta anoche se habían registrado seis mil 86 armas ante la Defensa.
Y para que no quedaran dudas, ayer el secretario de Gobernación fue terminante: “No estamos jugando… A partir del lunes retomaremos el control de Michoacán sin Autodefensas”, al tiempo que advertía que cualquier arma que no esté en ese registro se considerará ilegal y a su portador un delincuente. ¿Es el fin de las Autodefensas?