El problema de los desplazados por la violencia en México es una realidad que no se limita a Ciudad Juárez o Tamaulipas, sino a varios estados afectados por el crimen, dijo Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Organización Alto al Secuestro.

 

Lo anterior luego de que 24 HORAS reveló ayer que de acuerdo con un análisis de la London School of Economics, en México han huido hasta un millón 500 mil personas, entre 2007 y 2012, por la lucha contra el narcotráfico.

 

En entrevista, Miranda de Wallace dijo que personas de todas las clases sociales y de varios estados, han abandonado sus hogares por el temor a las amenazas de los criminales, situación que no ha cesado.

 

“En la Laguna supimos, por ejemplo, de varios empresarios que tuvieron que salir de la zona, pero también hay trabajadores o indígenas que  fueron desplazados en Guerrero o Oaxaca. Y lo mismo pasa en Morelos, Veracruz y por supuesto Michoacán”, aseveró.

 

Las historias existen, agregó la activista, pero coincidió con el análisis de la LSE, respecto a la falta de políticas públicas para combatir esta problemática.

 

“La resistencia viene del Estado, porque reconocer el fenómeno de los desplazados es equivalente a reconocer que se perdió el control de varios lugares del país. Pero es algo que tiene que hacerse, no puede haber políticas públicas sin un diagnóstico”, indicó.

 

Desde la perspectiva de Wallace, o correspondería de entrada la elaboración de un censo enfocado directamente en el tema de la migración interna en el país, para comenzar a medir esta situación.

 

Ciudadanos deben involucrarse

 

La Asociación Nacional de Consejos Ciudadanos, conformada por los consejos ciudadanos de seguridad de varios estados, analizará el problema de las personas desplazadas en el país para colaborar con las autoridades en una solución.

 

El presidente del Consejo Ciudadano del DF, Luis Wertman Zaslav, advirtió que se trata de una problemática que debe atenderse, pues el desplazamiento de personas genera crisis en dos frentes.

 

“Los estados que en este momento se pueden percibir seguros no tendrán la infraestructura para recibir una migración de este tipo y las comunidades que quedan abandonadas afectan a toda una entidad en lo económico y en lo social”, indicó.

 

Pero la complejidad del problema, añadió Wertman, exige también la participación de los ciudadanos y no sólo de las autoridades, para elaborar políticas públicas que apunten a una solución.

 

“Nadie debe abandonar su lugar de origen por falta de seguridad. Sin embargo, debemos generar la participación ciudadana necesaria para que las comunidades se organicen, estén informadas y puedan enfrentar a los delincuentes. Hemos reiterado que ni son mejores, ni más numerosos que nosotros, sólo están organizados y eso es lo que debemos lograr”, dijo.

 

No corresponde a PGR

 

Por su parte la subprocuradora de Asuntos jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, dijo que la cuantificación de este fenómeno no le corresponde al Ministerio Público.

 

“Lo que nosotros manejamos son número de denuncias por distintos delitos a las desapariciones, pero nosotros no llevamos esa contabilidad” indicó.

 

Benítez no rechazó que exista gente que abandona sus hogares por la inseguridad, pero dijo que son otras instancias del gobierno federal las responsables de estadísticas y censos, las que están trabajando en este fenómeno.