A los millones de ciudadanas y ciudadanos que tienen miedo de que les vuelva a dar “atole con el dedo” en la futura edad de oro del petróleo que prometen los neopriistas del Siglo XXI, la Secretaría de Hacienda pareció enviarles el siguiente mensaje: No dejen de preocuparse, perdón, no se preocupen, porque gracias a la Ley de Ingresos de Hidrocarburos -que forma parte de las leyes secundarias de la reforma energética-, ahora sí vamos a saber “administrar la abundancia”. Ah, y a “cortarles las uñas a los corruptos”.
La mencionada ley tiene el objetivo de definir los esquemas de ingresos que obtendrá el Estado derivados de la exploración y extracción de hidrocarburos; plantea los mecanismos con los que contará el Estado para obtener los ingresos derivados de la explotación de los hidrocarburos, ya sea a través de contratos o de asignaciones. Propone, por ejemplo, una cuota contractual para la fase exploratoria, que no es otra cosa que un pago que realiza el contratista mientras el proyecto se encuentra en fase de exploración, lo que permitirá al Estado contar con flujos de efectivo antes de que inicie la producción de hidrocarburos y es un incentivo al contratista para el pronto desarrollo del proyecto, destaca la dependencia.
Establece también el pago de regalías, equivalentes a un porcentaje del valor de los hidrocarburos producidos. Sugiere una tasa diferenciada para cada tipo de hidrocarburo (petróleo, gas natural y condensados) que aumentará conforme se incremente el precio del hidrocarburo, con lo que se establece progresividad en los recursos que obtiene el Estado respecto a los precios.
Se definen pagos adicionales para cada tipo de contrato; se establecen bonos a la firma del contrato y contraprestaciones consistentes en la aplicación de una tasa adicional a la utilidad operativa o al valor de los hidrocarburos, es decir, una sobretasa que aplique a una base parecida a la del ISR o una sobre regalía. El bono garantiza un pago antes del inicio de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que será fijado en las bases de licitación. Se trata, subraya Hacienda, de un mecanismo para asegurar la seriedad de las ofertas económicas, en donde el ganador será el que entregue al Estado el mayor porcentaje de la utilidad.
Para garantizar que el Estado Mexicano capture la mayor parte de la renta petrolera en caso de presentarse condiciones extraordinarias (alto precio de los hidrocarburos, reducción de costos o yacimientos más productivos de lo esperado) la iniciativa prevé que cada contrato deberá tener un mecanismo de ajuste, mismo que se incluirá en las bases de licitación. Este mecanismo garantiza que si el valor de lo producido en un yacimiento fuera mejor a lo previsto, aumenten los ingresos que reciba el Estado a través de un ajuste sobre las tasas de la utilidad operativa o sobre el valor de los hidrocarburos.
Se establece también un mecanismo conocido como “cerco fiscal”, que será aplicado a todos los contratos y que permite determinar la rentabilidad de cada área contractual evitando que las sociedades que sean titulares de más de un contrato disminuyan de los resultados positivos en un área las posibles pérdidas en otra área, o bien pérdidas en otras actividades que desempeñen. En este sentido, también se señala que los contratistas estarán sujetos a todos los impuestos de aplicación general (IVA, ISR, etc.), sin recibir tratamientos diferenciados.
Todo esto y más, muuuuucho más viene en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos.
Un observador que siempre ve el vaso medio vacío y que ya ni en la paz de los sepulcros cree, se permite recordar a quien corresponda que, en México, una cosa son las leyes y otra su cumplimiento.
Basta revisar las disposiciones generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias de todas las materias habidas y por haber, para llegar a la conclusión de que en nuestro país somos buenos para el bla-bla-bla, pero pésimos para cumplir lo que ordenan los textos legales y constitucionales.
Suponiendo sin conceder -como dicen los abogados- que las leyes en materia petrolera resulten magníficas, inmejorables, patrióticas y que se transformen en la llave para abrir las puertas del paraíso, faltará que esos bonitos textos pasen la prueba del ácido que significará medirse frente a la dura realidad nacional, en la que proliferan vicios ancestrales que ha sido imposible erradicar: sobornos, corrupción, conflictos de intereses, robos descarados, etc.
Así que…