Si bien la crisis social de inseguridad es percepción a nivel de ciudades con baja presencia criminal, el punto central de evaluación del sexenio del presidente Peña Nieto será la economía y sobre todo el crecimiento económico. Y ahí hay una situación crítica:

 

-El compromiso formal era una tasa promedio anual de PIB de 5%, viable con las reformas estructurales, aunque la necesidad de empleo en el sector formal sería una tasa anual de 6.5%.

 

-La tasa anual promedio en el largo periodo de 1982-2012, 30 años que abarcaron cinco sexenios, fue de 2.2%, contra 6% del periodo del desarrollo estabilizador 1941-1982, 41 años que involucraron también los 12 del populismo con inflación y devaluación pero PIB alto.

 

-La tasa promedio anual del PIB en el ciclo 1982-2012, la del modelo económico neoliberal y de mercado, fue la tasa TLC, porque abarcó el periodo de la privatización de empresas públicas y la apertura comercial dentro del Tratado de Libre Comercio. Es decir, el TLC sólo tuvo un PIB nacional promedio de 2.2%.

 

-La tasa promedio del PIB en los dos primeros años del gobierno actual, 1% en 2013 y 2.5% estimado en 2014 -aunque podría ser más bajo-, es de 1.7%. Para alcanzar en cuatro años la meta anual promedio de 5%, la economía tendría que crecer en los próximos cuatro años -2015-2018- 6.6%, meta que se ve imposible con la actual estructura productiva acogotada por cuellos de botella. Es decir, para subir la capacidad de crecimiento sin inflación ni presiones devaluatorias, las reformas estructurales tendrían que ser mucho más audaces y profundas que las actuales que se siguen negociando en el Congreso con una oposición incapaz de entender el largo plazo.

 

En este contexto, la tasa de crecimiento del PIB, junto con los instrumentos gubernamentales para impulsarla, forman parten de la política económica convertida en economía política. El crecimiento económico alto y sostenido, lejano a los desequilibrios estructurales, es, por tanto, una meta política, de Estado, vital para la estabilidad nacional.

 

Si el PIB se impulsa vía el gasto público y los estímulos gubernamentales para la actividad privada, entonces el bajo crecimiento económico en el pasado y en los dos primeros años de la actual administración es consecuencia de la política económica. Hasta ahora, el Presidente de la república ha autorizado gasto, estímulos y atracciones para la inversión extranjera, pero la política económica de la Secretaría de Hacienda no ha podido convertirla en economía política.

 

La meta anual de PIB para los cuatro años que restan subió, por efecto de la desaceleración de 2013-2014, a 6.6%. Y, en el peor de los casos, la meta anual en los próximos años tendría que acercarse a 5%, es decir, duplicar la tasa promedio anual de los últimos 30 años y triplicar la de 2013-2014. Las reformas estructurales recién aprobadas -sobre todo energética, financiera y fiscal- sí contienen instrumentos de liquidación de algunos cuellos de botella, pero la desaceleración es producto de un ejercicio restrictivo del gasto.

 

El país, a diferencia de lo señalado por el INEGI y un diario especializado que potenció la nota, no está en recesión, porque se necesitan cuando menos tres trimestres de PIB negativo y hasta ahora las cifras oficiales de 2013 no señalan ningún trimestre negativo; el asunto fue tan confuso, que ese mismo diario financiero tituló el jueves “entró la economía en recesión” y al día siguiente dijo “no hay recesión”, desorientando a los mercados.

 

El gasto público, los instrumentos de estímulo a la actividad económica y la información que inciden en el PIB son política pura; al final, un crecimiento económico bajo no sólo disminuye el empleo formal sino que de modo natural afecta la estabilidad nacional.