Si hasta hace poco se consideraba la economía y la política económica como un asunto de estabilidad macroeconómica, desde finales de abril pasó a una categoría superior: el desarrollo o la pobreza como un tema central de estabilidad social y política.

 

En el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, publicado el pasado miércoles 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se asumen como disparadores de la delincuencia tres factores de tipo social: “pobreza, desigualdad y desempleo”, tomados del Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana: Tendencias y Perspectivas, del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad.

 

Por tanto, la crisis económica se ha convertido en un factor de la criminalidad, la delincuencia y la inseguridad, asumidas éstas como efecto de desequilibrios productivos pero también derivados de la política económica que privilegia la estabilidad macroeconómica por encima de la estabilidad social.

 

En este sentido, el Programa para la Seguridad Nacional, en el rubro de la seguridad interior, relaciona la crisis económica como elemento de la inseguridad:

 

“Una perspectiva multidimensional en materia de Seguridad Interior debe identificar el conjunto de vulnerabilidades que han permitido el aumento de la violencia y la delincuencia en nuestro país. Tal como lo señala el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación, en México existen diversos factores de carácter estructural vinculados con la marginación y la pobreza que debilitan el tejido social, haciendo que la población sea vulnerable a la violencia y la delincuencia.

 

La falta de oportunidades laborales y la desocupación se han convertido en factores precursores de la violencia. Asimismo, el acceso limitado a la educación media y superior y la deserción escolar pueden convertirse en factores de riesgo. Los niveles de escolaridad se encuentran asociados con las expectativas a futuro de las personas y sus posibilidades de movilidad social. Por ello, la falta de oportunidades educativas puede llevar a las personas a considerar a la delincuencia como una alternativa”.

 

Así, la crisis económica, el PIB promedio anual de 2.2% durante 30 años, la pobreza, la marginación, el desempleo y el subempleo y crecimiento económico debajo de la demanda de bienestar mayoritario se han convertido en un factor de la seguridad nacional y explican las razones estructurales de la delincuencia, la criminalidad y la violencia.

 

El Programa para la Seguridad Nacional puso en orden jerárquico la problemática de inseguridad y violencia y dejó en claro que la lucha contra la delincuencia sí tiene que darse en el terreno policiaco y judicial, pero que su causa estructural es la economía. Por tanto, una de las soluciones al problema de la inseguridad y la violencia se localiza en la Secretaría de Hacienda y obviamente en el Congreso por la parte que tiene que ver con las reformas estructurales que urgen para aumentar las posibilidades del PIB.

 

El Programa para la Seguridad Nacional establece que la seguridad interior es una “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Se trata de una función política que, al garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática, sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de su población”.

 

Al final, la tasa promedio anual del PIB mayor al promedio de 2.2% de los últimos 30 años y de 1.7% en 2012-2013 no es un asunto de inflación o estabilidad macroeconómica neoliberal sino un tema vital de seguridad nacional.