La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece el marco legal para sancionar las conductas fuera del marco legal de cara a las próximas elecciones intermedias. Está ley es la única del paquete político-electoral que fue enviada por el Senado de la República antes de terminar el periodo ordinario de sesiones.
Con 362 votos a favor, 29 votos en contra y 11 abstenciones, la ley fue remitida al Ejecutivo para su publicación. Cabe destacar que las modificaciones fueron avaladas con la presencia de 402 diputados federales, es decir el 80% del total del pleno.
El nuevo reglamento establece los tipos penales, sanciones y la distribución de competencias en el ámbito electoral con el objetivo de castigar conductas delictivas.
El proyecto aprobado contiene penas de cinco a 15 años de prisión en caso de comprobar aportaciones económicas de origen ilícito (lavado de dinero) o cantidades económicas que rebasen el límite permitido por la Ley en las campañas electorales, además, considera una multa de entre mil a 5 mil días de salario mínimo.
También prevé penas de dos a nueve años de prisiónpara aquellos ciudadanos que aprovechen fondos, bienes, servicios o programas para apoyar o perjudicar la campaña o precampaña de un contendiente.
Para aquellos que lucren políticamente con los programa sociales que ofrece el gobierno para favorecer a algún candidato u obligar a asistir a la ciudadanía a eventos proselitistas, se aplicarán de seis meses a tres años de prisión, según establece este nuevo marco jurídico.
La misma sanción se aplicará a los ciudadanos que, no siendo funcionarios públicos o miembros de partidos políticos, voten más de una vez en un mismo proceso electoral o alteren las urnas ilícitamente al sustraer o introducir boletas falsas.
Durante la primera jornada de sesiones extraordinarias, los diputados también ratificaron a Gregorio Guerrero Pozas como contralor general del Instituto Nacional Electoral (INE), para el periodo 2014–2020. Guerrero Pozas ocupaba el mismo cargo, desde 2008, en el hoy extinto Instituto Federal Electoral.