BUENOS AIRES. Un tribunal argentino ordenó investigar si la presidenta Cristina Fernández incurrió en delito por la firma de un decreto en 2013 que estableció beneficios para las petroleras con grandes proyectos de inversión justo antes de que la estatal de hidrocarburos YPF sellara un acuerdo con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
Diputados de un partido de izquierda denunciaron ante la justicia en 2013 que el mencionado decreto tenía la “clara intención” de beneficiar a Chevron y que por ello la presidenta habría incurrido en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionarios público, abuso de autoridad y contaminación ambiental.
Vaca Muerta es el tercer reservorio de hidrocarburos no convencionales del mundo.
Los jueces de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvieron anular el fallo de un fiscal que había desestimado investigar a la jefa de Estado porque consideró que no había cometido delito alguno.
Los miembros del tribunal consideraron que el dictamen del fiscal Eduardo Taiano “carece de validez argumental suficiente” y que “existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”, según el fallo.
El decreto en cuestión estableció un régimen promocional para las petroleras que presenten proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos superiores a los mil millones de dólares. Las firmas interesadas tendrán, a partir del quinto año, el derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de combustibles líquidos y gaseosos sin pagar retenciones (alícuota del cero por ciento), en vez del 33% de retención efectiva que está vigente.
Esta medida flexibiliza para las petroleras el rígido control cambiario que aplica el gobierno sobre otras actividades.
“El decreto tiene un nombre y apellido: Chevron”, dijo el abogado Enrique Viale, experto en temas ambientales y uno de los denunciantes de la causa contra la presidenta.
Un día después de la firma del decreto, Chevron anunció que desembolsaría mil 240 millones de dólares para una primera fase de desarrollo en una zona de 20 km2 que incluye la perforación de 100 pozos en Vaca Muerta.
“Estamos convencidos que hubo delito de abuso de autoridad porque viola dos leyes nacionales”, agregó Viale, en referencia a la ley de hidrocarburos y una modificatoria posterior sancionadas por el Congreso.
Los denunciantes también cuestionan que la presidenta avale el método de exploración de petróleo y gas no convencional conocido como fracking, ya que según ellos “provoca un daño ambiental irreparable”.
Hasta el momento el gobierno no se pronunció sobre el fallo de la cámara federal.
Vaca Muerta es un yacimiento de petróleo y gas no convencionales (shale oil y shale gas) situado en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, cuyo descubrimiento fue anunciado en diciembre de 2010. El reservorio tiene una superficie total de 30 mil km2, de los cuales la petrolera argentina controla 12 mil km2.