CARACAS. La coalición opositora venezolana suspendió las reuniones que tenía previsto sostener con representantes del gobierno en rechazo a la reciente represión de una marcha de universitarios y el desmantelamiento de cuatro campamentos.

 

La decisión de la llamada Mesa de la Unidad Democrática no representa el fin del proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro pero sí constituye una acción de presión del bloque opositor, que ha sido duramente cuestionado por algunos de sus aliados que exigen acelerar la definición de acuerdos. También les reclaman posturas más duras contra la administración de Maduro ante a la represión de las protestas callejeras.

 

Las reuniones previstas para el lunes y martes fueron suspendidas de forma unilateral por la coalición opositora, indicó el lunes por la noche el secretario ejecutivo adjunto del bloque, Ramón José Medina.

 

El bloque tomó la medida en rechazo a la decisión del gobierno de “continuar arremetiendo con represión injustificada contra estudiantes y manifestantes como sucedió cuando desalojaron violenta y traicioneramente los campamentos de los estudiantes y ayer (lunes) contra manifestantes que se dirigían a la Nunciatura Apostólica”, dijo Medina en un comunicado.

 

Las autoridades desmantelaron el jueves cuatro campamentos que habían sido instalados por un grupo de jóvenes opositores desde hacía más de un mes en el este de la ciudad en protesta contra el gobierno. Durante el desmantelamiento fueron detenidas 243 personas.

 

Doce de ellas permanecen presas y sujetas a proceso judicial 12 imputadas de porte ilegal de arma de fuego, incitación a desobedecer las leyes, uso de adolescentes para delinquir, obstrucción de la vía pública, daños y tráfico en baja cantidad de drogas, entre otros cargos.

 

El gobierno y la coalición opositora, que agrupa cerca de una docena de partidos y organizaciones, iniciaron el 10 de abril un proceso de acercamiento con un primer debate televisado de casi seis horas.

 

El proceso de diálogo es una iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para ayudar a poner fin a la crisis que enfrenta Venezuela que desde febrero se ha visto sacudida por protestas callejeras en Caracas y otras ciudades.

 

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han salido a protestar a las calles contra la elevada -que alcanzó el 59% anual en marzo-, el desabasto de productos de primera necesidad y un alto índice de delincuencia.

 

Los incidentes han dejado 42 muertos, 817 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.

 

Medina agregó que otra de las razones que primó en la decisión fue una reciente declaración del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello, que anunció que mantendría la presidencia de la comisión que investigará los eventos de los últimos tres meses, descartando una exigencia que hizo la oposición de buscar una persona independiente para esa posición.

 

La medida afecta las reuniones previstas esta semana de los grupos de trabajo de las comisiones de amnistía, de descentralización, de designación de los miembros de los poderes públicos y la llamada Comisión de la Verdad que investigará los sucesos ocurridos en el primer trimestre del año.